En el caso de Irapuato, MIGUEL ARTURO “N” y LUIS JORGE “N” fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado por el delito de extorsión agravada. Los hechos se registraron en octubre de 2025, cuando uno de los agresores ingresó a un negocio ubicado sobre el bulevar Solidaridad y entregó una nota con amenazas extorsivas. Posteriormente, ambos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta.

Gracias a la intervención inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los presuntos responsables fueron detenidos minutos después, asegurándoles objetos considerados clave para la investigación. Tras la integración de pruebas y la aceptación de responsabilidad ante el Ministerio Público, un Juez de Control dictó sentencia condenatoria.

Por otra parte, en el municipio de León, la FGEG obtuvo la vinculación a proceso de LUZ GABRIELA “N” por su probable participación en un caso de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del Barrio del Coecillo. De acuerdo con la investigación, la imputada habría exigido, bajo amenazas, la entrega de parte de propiedades, una camioneta y 200 mil pesos en efectivo, lo que llevó a la víctima a acceder por temor a represalias.

Tras la denuncia formal, la Fiscalía integró la carpeta de investigación y presentó los elementos probatorios suficientes ante la autoridad judicial, lo que derivó en la vinculación a proceso de la imputada.

Asimismo, en otro hecho ocurrido en León, EDUARDO “N” fue vinculado a proceso por extorsionar a un comerciante del mercado La Estrella. Las exigencias económicas comenzaron en febrero de 2023 y se mantuvieron de manera periódica hasta mayo del mismo año. Luego de la denuncia, la Fiscalía desplegó una célula especializada que permitió reunir pruebas determinantes para su detención y proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de extorsión, al tratarse de un delito que vulnera la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de las personas. La institución aseguró que existen mecanismos confidenciales y seguros para realizar reportes y dar seguimiento a este tipo de delitos.

Canales de denuncia

📞 800 DNUNCIA (368 62 42)
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🌐 Portal web de la Fiscalía General del Estado
💬 Mensaje de texto al 473 172 4444
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De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron a partir de septiembre de 2023, cuando las víctimas comenzaron a recibir mensajes y comunicaciones intimidatorias. Bajo constantes amenazas enviadas desde distintos números telefónicos, los afectados se vieron obligados a entregar diversas sumas de dinero, generando un significativo perjuicio económico.

Tras un operativo de inteligencia y cateos simultáneos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención del imputado y el aseguramiento de evidencia clave, incluyendo objetos vinculados a la actividad delictiva y un vehículo de lujo.

Durante la audiencia, un Juez de Control consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para sujetar a proceso penal al abogado, imponiéndole prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio.

La Fiscalía también ha proporcionado atención psicológica a las víctimas, buscando reparar el daño emocional y garantizar la reparación integral, tanto moral como material, mientras se asegura que el responsable cumpla con la sanción correspondiente según la ley.

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De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos ocurrieron en junio de 2025, cuando un comerciante comenzó a recibir mensajes amenazantes a través de mensajería instantánea. En ellos se exigía dinero a cambio de permitir la operación de su negocio y evitar daños físicos. La intimidación se intensificó con la circulación de videos vinculados a un grupo delictivo, presuntamente para presionar a la víctima.

Tras recibir la denuncia, la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión de la FGEG identificó la probable participación de Jennifer de la Luz “N”. Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincularla a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el procedimiento penal.

La Fiscalía recordó la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión. Los ciudadanos pueden reportar casos de forma confidencial a través del teléfono 800 DNUNCIA (368 62 42), la ProcurApp, mensajes de texto al 473 172 4444, el portal web de la FGEG o acudiendo a la Agencia del Ministerio Público más cercana.

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Los sentenciados son Luis Gerardo “N”, Alejandro “N” y Perla María del Carmen “N”, quienes de manera sistemática exigían pagos ilícitos a diversos establecimientos, generando miedo y afectando la economía de la ciudad.

Por su parte, Joel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los mismos hechos y permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla el procedimiento penal correspondiente.

La desarticulación de la banda fue posible gracias a la labor de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Los agentes realizaron un análisis exhaustivo de los patrones delictivos y recabaron pruebas suficientes para la judicialización de los involucrados.

Con estas acciones, la Fiscalía refuerza su compromiso de combatir los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de los guanajuatenses, enviando un mensaje claro: la extorsión no quedará impune.

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El imputado, identificado como Óscar Francisco “N”, fue vinculado a proceso penal tras acreditarse que presuntamente utilizaba amenazas de muerte y la supuesta representación de un grupo delictivo para exigir pagos monetarios de manera reiterada.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó a partir de una denuncia reciente, cuando el hoy detenido acudió a un domicilio de la zona y presentó un pagaré con el que intentó obligar a la víctima a realizar un pago. Posteriormente, habría exigido cuotas semanales, bajo la advertencia de causar daño a la familia afectada.

El trabajo de inteligencia pericial, junto con labores de investigación de campo, permitió a las autoridades identificar el modus operandi del presunto extorsionador, así como ubicarlo para dar cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

Tras su captura, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso penal conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 14 de enero, cuando los ahora imputados acudieron al negocio de la víctima. En el lugar, uno de ellos le entregó un papel con un número telefónico y le advirtió que pertenecían a un grupo delictivo, exigiéndole el pago de una cantidad de dinero como “cobro de piso”. Para cumplir con la exigencia, le otorgaron un plazo de 24 horas.

Tras la denuncia presentada el 15 de enero, agentes investigadores realizaron diversas diligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables. Un día después, el 16 de enero, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó vincularlos a proceso por extorsión agravada, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Guanajuato reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de extorsión, asegurando atención, acompañamiento y protección a las víctimas a través de sus canales oficiales.

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De acuerdo con la autoridad, la indagatoria deriva de sucesos registrados el 19 de noviembre de 2025 en la colonia Colinas del Carmen, donde se denunció un esquema de amenazas, violencia psicológica y exigencias económicas para despojar a personas de su patrimonio.

En una primera etapa, fue detenido y vinculado a proceso Jonathan Miguel “N”, quien presuntamente se hacía pasar por propietario de inmuebles y por “licenciado” para intimidar a las víctimas. Según la carpeta de investigación, el imputado acudió a un domicilio rentado, el cual encontró asegurado con cadenas, candado y un aviso de “propiedad asegurada”.

Posteriormente, habría exigido el desalojo inmediato del inmueble, además de amenazar a la víctima con represalias físicas y solicitar el pago de una suma millonaria, asegurando falsamente contar con respaldo institucional y vínculos con un grupo delictivo.

La denuncia oportuna permitió a la Fiscalía activar acciones ministeriales inmediatas y confirmar que dichas conductas no correspondían a ningún procedimiento legal. Con los datos de prueba reunidos, se obtuvo una orden de aprehensión y un juez determinó la vinculación a proceso por extorsión agravada, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.

Segunda detención relacionada con la misma investigación

Como parte del avance de la misma carpeta, la Fiscalía estableció la probable participación de Juana Araceli “N”, quien presuntamente actuó de manera conjunta bajo el mismo modus operandi.

Tras su detención, fue presentada ante la autoridad judicial, donde también se determinó su vinculación a proceso por extorsión agravada, con la imposición de prisión preventiva durante la investigación complementaria.

La Fiscalía estatal precisó que, aunque hasta ahora las personas directamente identificadas ya se encuentran vinculadas a proceso, la investigación continúa con el objetivo de ubicar a más víctimas o a otros posibles implicados.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía que haya sido afectada por casos similares de extorsión o despojo a presentar su denuncia, ya que la información ciudadana es clave para fortalecer las investigaciones y prevenir que estos delitos sigan afectando a más familias.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando el imputado arribó a un establecimiento comercial a bordo de una motocicleta. En el lugar, amenazó al propietario con un arma de fuego, asegurando formar parte de un grupo criminal, con el objetivo de exigirle el pago de una cuota bajo el esquema conocido como “cobro de piso”.

La víctima fue advertida de que los responsables regresarían posteriormente por el dinero, lo que motivó la denuncia y el inicio de las indagatorias por parte de la Fiscalía. Tras implementar un operativo, agentes lograron la captura del presunto extorsionador, quien fue presentado ante un juez.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención y, tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, resolvió vincular a proceso penal a Miguel Ángel “N”. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido mientras continúan las etapas del proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reiteró su compromiso con la procuración de justicia, la seguridad pública y la protección de las víctimas, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar la extorsión de forma segura y confidencial a través de los canales oficiales.

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En la ciudad se realizó una sesión de trabajo del GIO, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la participación de instancias clave como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad y Paz, Secretaría de Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. A la reunión asistieron la presidenta municipal Lorena Alfaro García y la secretaria de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Consuelo Cruz Galindo.

Durante el encuentro, la alcaldesa expresó su disposición para sumarse de manera activa a las acciones del GIO, con énfasis en la reducción de homicidios dolosos y el combate a la extorsión. Subrayó que el municipio reforzará el trabajo de proximidad, así como las labores de inteligencia e investigación, en plena coordinación con los órdenes de gobierno y bajo la estrategia CONFIA.

La gobernadora explicó que la reunión tuvo como propósito atender la incidencia delictiva en Irapuato y redoblar esfuerzos con la presencia permanente de fuerzas federales y estatales. Señaló que la meta es consolidar al municipio como un referente donde la coordinación interinstitucional, la investigación y la inteligencia generen resultados tangibles.

García Muñoz Ledo reiteró que, desde el Grupo de Inteligencia Operativa, se mantendrá el respaldo a Irapuato mediante un trabajo en equipo enfocado en enfrentar delitos de alto impacto, principalmente extorsión y homicidios dolosos, bajo un esquema de colaboración permanente.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, destacó la relevancia del intercambio de información con las autoridades municipales para fortalecer las acciones contra la delincuencia y obtener mejores resultados.

A la sesión asistieron también el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste; el fiscal federal en Guanajuato, Ignacio Alejandro Vila Chávez; el jefe de estación del CNI en la entidad, Martín Morales Hernández; así como mandos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

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La operación fue resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y las fiscalías y policías estatales. Tras investigaciones sobre una célula delictiva dedicada a la violencia y extorsión en la región citrícola, se identificó la localidad Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, como zona de operación de los sujetos.

Durante los operativos de vigilancia, los agentes detectaron a los tres hombres, a quienes les marcaron el alto. La inspección de seguridad permitió asegurar cinco teléfonos celulares, dos controles de dron, dos radios de comunicación, 14 cartuchos útiles, piezas de armas de fuego, una réplica de arma, un arma artesanal y tres bolsas con droga.

Los detenidos, de 30, 32 y 35 años, fueron informados del motivo de su arresto y se les leyeron sus derechos. Posteriormente, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de proteger a la población de Michoacán y fortalecer la seguridad en la región, con especial atención a quienes generan violencia y ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.

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