Según autoridades locales y federales, el accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando la unidad se volcó y estalló en llamas, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona. Equipos de bomberos, Protección Civil y la Guardia Nacional se movilizaron de inmediato para controlar el incendio y garantizar la seguridad de la zona.

Debido al riesgo de nuevas explosiones, la circulación permaneció suspendida, afectando a miles de vehículos que se dirigían hacia la Ciudad de México y el Bajío. Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que la autopista permanecerá cerrada mientras se realizan los trabajos de limpieza y contención.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de heridos o fallecidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente, aunque testimonios preliminares indican que la pipa podría haberse salido de la carretera antes de explotar.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad en el transporte de materiales peligrosos, como el gas LP, y la necesidad de protocolos estrictos para prevenir accidentes de alto riesgo en carreteras de alta circulación.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la nueva normativa busca garantizar una mayor inspección, monitoreo y seguridad industrial, con el objetivo de prevenir fugas y accidentes en el transporte y distribución del gas. Entre las medidas principales, se incluyen:

• Monitoreo constante mediante GPS en todas las unidades de transporte de Gas LP
• Control de velocidad con dispositivos obligatorios conocidos como “gobernadores de velocidad”
• Inspecciones más rigurosas, incluyendo pruebas internas de los contenedores y de presión hidrostática

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que las normas emergentes incluyen:

• Cumplimiento obligatorio de los programas de mantenimiento de las unidades de transporte, con evidencia presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
• Acreditación de pruebas de seguridad periódicas, que van más allá de las inspecciones visuales externas.
• Implementación de programas de capacitación y certificación de operadores bajo estándares desarrollados por ASEA, SICT, SENER y avalados por CONOCER
• Uso obligatorio de GPS y gobernadores de velocidad en todos los vehículos de transporte de Gas LP

El plazo de cumplimiento para la NOM-EM-006-ASEA-2025, enfocada en transporte, será de cuatro meses. La NOM-EM-007-ASEA-2025, referente a distribución, tendrá cuatro meses para unidades mayores a 5 mil litros y con más de 10 años de antigüedad, mientras que el resto contará con seis meses para demostrar su cumplimiento.

Las normas complementan medidas como la implementación de códigos QR en las unidades, que permitirán verificar en tiempo real el cumplimiento de obligaciones, permisos y pedimentos de importación desde el Centro de Monitoreo de la SENER.

Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA, informó que las normas afectarán a aproximadamente 35 mil unidades de transporte y distribución de Gas LP. Además, se implementará un programa de inspecciones conjuntas entre la SICT, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y ASEA, para revisar condiciones físicas y de seguridad de los vehículos, así como la vigencia de permisos y registros en el padrón vehicular.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de SICT, destacó que hasta la fecha se han realizado más de un millón de inspecciones, 122 mil de ellas en carreteras, y más de 600 mil certificaciones. El director de la CNE, Juan Carlos Solís Ávila, explicó que los QR deberán colocarse en los tanques y cabinas de conducción 20 días hábiles después de su entrega, y su incumplimiento podría derivar en multas.

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Las pérdidas económicas derivadas de esta extracción ilegal ascendieron a $1,440 millones de pesos entre enero y marzo, afectando principalmente al sistema de transporte LPG Cactus-Guadalajara, la infraestructura más importante del país para el traslado de gas LP.

El pico más alto se registró en marzo, con 40 mil 846 toneladas robadas, lo que representó pérdidas diarias estimadas en $16 millones de pesos.

Aunque el Gobierno Federal ha presumido una reducción de tomas clandestinas en ductos de Pemex, el reporte señala que, en el caso de gasoductos, la disminución fue marginal: de 296 piquetes en el primer trimestre de 2024 a 280 en el mismo periodo de 2025, una baja de apenas 5.4%. Sin embargo, el volumen sustraído se duplicó.

En marzo se detectaron 134 tomas ilegales, de las cuales 116 se localizaron en Puebla, entidad que encabeza este delito. Los municipios más afectados son Tepeaca, San Salvador, Tlahuapan, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

En Tlaxcala, el problema se concentra en Calpulalpan, mientras que en el Estado de México las ordeñas se registran en Nextlalpan, Tepetlaoxtoc, Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Tonanitla.

De acuerdo con el documento, las autoridades atribuyen el robo a células de La Familia Michoacana, grupos locales con presunto respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como al Cártel de Santa Rosa de Lima y bandas que operan en el Triángulo Rojo y en los límites de Hidalgo con Querétaro.

El gasoducto Cactus-Guadalajara, afectado en mayor medida, recorre Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, conectando centros de consumo clave con la fuente de suministro.

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A través de comunicados conjuntos, las asociaciones gaseras hicieron un llamado urgente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para entablar un diálogo que permita evitar el colapso del sector. En sus mensajes, las empresas señalan que el precio establecido desde 2021 resulta insuficiente para cubrir los costos operativos, salarios del personal y mantenimiento de unidades.

Los distribuidores exigen que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) eleve el precio del gas LP a por lo menos 12 pesos por litro, lo que consideran necesario para mantener la viabilidad financiera del sector. De no haber respuesta antes del 3 de junio, reiteraron que suspenderán actividades en todo el país como medida de presión.

El posible paro podría afectar a millones de hogares, comercios e industrias que dependen del gas LP para sus actividades diarias, por lo que el sector empresarial y organismos sociales también han solicitado al Gobierno actuar con prontitud para evitar una crisis de suministro.

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