Silao, Gto.- En el municipio de Silao, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó una iniciativa de reforma orientada a otorgar mayores facultades a las fiscalías estatales para investigar y judicializar casos de delincuencia organizada.

La propuesta fue impulsada por el titular de la Gerardo Vázquez Alatriste y cuenta con el respaldo del Gobierno estatal. El objetivo es que el Congreso del Estado de Guanajuato la analice y, en caso de ser aprobada, sea turnada al Congreso de la Unión para su eventual discusión a nivel nacional.

La mandataria estatal subrayó que los desafíos actuales en materia de seguridad exigen instituciones más coordinadas y con mayor capacidad de respuesta frente a la delincuencia organizada.

“Los retos actuales exigen instituciones más coordinadas, más eficaces y con mayores capacidades para responder ante la delincuencia organizada”, expresó la gobernadora.

Asimismo, destacó que la propuesta se sustenta en la experiencia operativa y jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, reconociendo el trabajo técnico que permitió construir una iniciativa enfocada en fortalecer la procuración de justicia.

Por su parte, el fiscal estatal explicó que las fiscalías locales cuentan con conocimiento directo del territorio, las dinámicas delictivas y la atención a víctimas; sin embargo, la investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada recae principalmente en el ámbito federal.

En ese sentido, señaló que la iniciativa busca abrir la puerta a una mayor colaboración entre autoridades federales y estatales, con el fin de mejorar la eficacia en el combate a los grupos criminales que afectan a las comunidades.

La propuesta plantea la suma de capacidades institucionales y la construcción de mecanismos de actuación conjunta más sólidos para enfrentar la problemática de seguridad.

La gobernadora reiteró su respaldo a la iniciativa al considerar que representa una aportación seria y responsable al debate nacional en materia de justicia y seguridad, al tiempo que enfatizó la importancia de que las instituciones trabajen de manera unificada.

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Durante una ceremonia oficial, la empresa destacó la capacidad de reacción, el trabajo de investigación y la labor de procuración de justicia realizada por la institución estatal. OXXO entregó un reconocimiento institucional en el que resaltó el compromiso de la Fiscalía con la justicia y la atención de estos acontecimientos.

Uno de los puntos señalados durante el evento fue que la Fiscalía de Guanajuato se convirtió en la única del país en lograr la vinculación a proceso penal por terrorismo derivada de estos hechos. Además, se informó que también ha sido la única institución estatal en obtener vinculaciones relacionadas con delitos de delincuencia organizada, marcando un precedente jurídico a nivel nacional.

Las autoridades estatales indicaron que, tras los sucesos ocurridos en febrero de 2026, Guanajuato concentró cerca del 90 por ciento de las detenciones registradas en el país vinculadas con estos casos, así como procesos judiciales por delitos de terrorismo y delincuencia organizada.

El reconocimiento también fue dirigido al personal operativo y sustantivo de la Fiscalía, destacando el trabajo coordinado entre fiscales regionales, áreas de investigación criminal y personal de procuración de justicia que participó en las indagatorias.

La ceremonia fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, acompañado por autoridades regionales y directivos de la Agencia de Investigación Criminal.

Por parte de OXXO participaron representantes de las áreas de prevención de pérdidas, protección patrimonial y asuntos penales, quienes reiteraron la disposición de la empresa para mantener la colaboración institucional en materia de seguridad.

Fiscalía y OXXO firman convenio para fortalecer Alertas AMBER

En el marco del evento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y Cadena Comercial OXXO firmaron un convenio de colaboración para ampliar la difusión de las Alertas AMBER en el estado.

El acuerdo permitirá utilizar distintos canales de comunicación y operación de la empresa para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.

Durante su intervención, el Fiscal General señaló que la institución mantiene una política enfocada en la respuesta inmediata, la investigación científica y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Asimismo, representantes de OXXO destacaron que los avances en materia de seguridad son resultado del trabajo coordinado entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía, además de reconocer el profesionalismo mostrado por la Fiscalía durante las investigaciones de los hechos ocurridos en febrero de 2026.

Con estas acciones, ambas instituciones refrendaron su compromiso de colaborar en estrategias enfocadas en la seguridad, la procuración de justicia y la protección de las familias guanajuatenses.

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Durante el encuentro, la institución reiteró que la procuración de justicia en la entidad se sustenta en un enfoque de justicia humanista, en el que las exigencias de las familias son el eje central para orientar las acciones institucionales. Este modelo busca garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia.

Como parte de los avances derivados de estas reformas, se anunció la creación de la Mesa Técnica Permanente de Transición y Cumplimiento, un mecanismo de coordinación interinstitucional que integra a la Fiscalía con las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Paz, y Finanzas, así como con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Su finalidad es asegurar la viabilidad operativa y presupuestal de los acuerdos en materia de investigación, análisis de contexto e innovación tecnológica.

En la misma jornada se presentó el Alertamiento Nacional, una herramienta desarrollada por la Agencia de Investigación Criminal que permite la difusión inmediata y simultánea de información para la búsqueda de personas desaparecidas, fortaleciendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno y mejorando la capacidad de respuesta.

Asimismo, participaron representantes de la Secretaría de Seguridad y Paz, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, quienes refrendaron el compromiso de mantener una coordinación constante para proteger a los equipos de búsqueda en campo y garantizar acompañamiento jurídico adecuado.

El encuentro contó además con la observación técnica del Centro Prodh, lo que permitió mantener un diálogo transparente y alineado con estándares internacionales de derechos humanos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato refuerza la implementación de las reformas y consolida mecanismos de coordinación institucional enfocados en el esclarecimiento de los casos de desaparición.

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El Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que este tipo de acciones forman parte de un proceso de mejora continua que fortalece las prácticas institucionales y permite garantizar que los bienes asegurados en investigaciones no regresen a actividades ilícitas.

Durante el evento, se destacó la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes consulares, académicos, empresariales, organizaciones sociales y medios de comunicación, lo que refuerza la legitimidad del ejercicio.

En total, fueron destruidos 142 mil 249 indicios, equivalentes a más de 10 toneladas de material, además de 12 mil 796 objetos diversos con un peso cercano a las 3 toneladas. Entre estos, sobresalen 117 mil 900 indicios de narcóticos, con más de 1.2 toneladas de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía, la eliminación de estos narcóticos representa la salida de circulación de más de mil kilogramos de marihuana, así como metanfetaminas y cocaína, lo que equivale a más de dos millones de dosis que no llegarán a la población, impactando directamente en la salud pública y la prevención de la violencia.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó este ejercicio como una muestra de transparencia y compromiso institucional en el combate a los delitos, además de subrayar su relevancia para la procuración de justicia en el estado.

El Fiscal también enfatizó que estas acciones contribuyen a la construcción de entornos más seguros al evitar que los objetos asegurados vuelvan a ser utilizados por la delincuencia, especialmente en perjuicio de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, reconoció la coordinación con fuerzas armadas, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, cuyo trabajo conjunto ha sido clave para los resultados obtenidos.

En el mismo acto, el Fiscal General entregó un proyecto de reforma constitucional y legal enfocado en fortalecer las facultades de las fiscalías estatales en el combate a la delincuencia organizada, buscando una mayor coordinación con la Federación.

La iniciativa fue respaldada por la gobernadora, quien señaló que esta propuesta dotaría a los estados de herramientas más sólidas para enfrentar este fenómeno delictivo.

La Fiscalía de Guanajuato reiteró que continuará realizando estos ejercicios de forma periódica como parte de su compromiso con la seguridad, la justicia y la paz social en la entidad.

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Durante su intervención, el titular de la Fiscalía encabezó una mesa de diálogo con legisladoras y legisladores, en la que se abordaron los resultados, avances y retos en la procuración de justicia en Guanajuato. Vázquez Alatriste agradeció al Congreso por la apertura al diálogo y destacó que acudió con responsabilidad institucional, acompañado por integrantes de la cadena de mando de la Fiscalía.

El Fiscal General subrayó que la institución ha impulsado un proceso de transformación para fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público, mejorar la atención a víctimas y consolidar una procuración de justicia con enfoque humanista, centrada en las personas y sus derechos. Destacó avances en la investigación criminal y en el combate a estructuras delictivas, con resultados obtenidos mediante investigaciones propias y coordinación con autoridades estatales y federales.

Se resaltó que la Fiscalía ha fortalecido su capacidad investigadora mediante estrategias basadas en inteligencia, análisis criminal y colaboración interinstitucional, logrando avances en la persecución de delitos de alto impacto y el aseguramiento de armas, drogas y bienes vinculados a actividades ilícitas.

Asimismo, se enfatizó la importancia de la atención a víctimas y a los usuarios del sistema de justicia, promoviendo cercanía institucional, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. La institución también ha reforzado los mecanismos de justicia restaurativa, facilitando la reparación del daño a víctimas y procesos de resolución de conflictos más ágiles.

Durante la mesa de trabajo, se discutieron acciones de búsqueda de personas y procesos de identificación humana, reafirmando el compromiso de la Fiscalía para localizar a personas desaparecidas y garantizar la restitución digna de quienes han sido identificados. También se destacó la consolidación de un modelo de coordinación institucional, fortaleciendo acciones de seguridad, investigación y procuración de justicia en beneficio de la ciudadanía.

En el diálogo con legisladores, se presentaron 58 planteamientos y cuestionamientos. Las dudas que quedaron pendientes serán atendidas conforme a los procedimientos establecidos por el Congreso del Estado, como lo aseguró el Fiscal General.

Finalmente, Vázquez Alatriste reafirmó el compromiso de la Fiscalía General con la transparencia, rendición de cuentas y mejora continua, orientando su trabajo hacia una procuración de justicia eficaz, cercana a la ciudadanía y centrada en la protección de los derechos de las víctimas.

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Encabezada por el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, la institución destacó una etapa centrada en las víctimas, el uso de investigación científica y la aplicación estratégica de la ley, con indicadores medibles y comparables.

Más denuncias y mayor actividad ministerial en Guanajuato

Durante 2025 se iniciaron 162,587 carpetas de investigación, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior. Este aumento, señaló la institución, refleja una mayor confianza ciudadana y una disminución progresiva de la llamada cifra negra.

En el mismo periodo se registraron 348,454 determinaciones ministeriales, cifra superior a la de 2024. La judicialización de casos creció 38%, con 15,570 asuntos llevados ante la autoridad jurisdiccional.

En cuanto a la vinculación a proceso, la efectividad alcanzó el 96%. Además, se obtuvieron 2,495 sentencias condenatorias, un aumento del 39% en comparación con el año previo, con más de 2,600 personas sentenciadas.

Detenciones, cateos y aseguramientos contra estructuras criminales

El informe detalla la detención de más de 22 mil personas relacionadas con diversos delitos. También se realizaron 2,150 cateos, lo que representa un incremento del 87% frente a 2024, y se cumplimentaron 6,113 mandamientos judiciales.

Entre los aseguramientos destacan más de 1.5 millones de dosis de droga, armas de fuego, vehículos y recursos económicos. Asimismo, se dictaron sentencias que superan los 100 años de prisión en casos de multihomicidio, feminicidio, secuestro agravado y desaparición cometida por particulares.

Justicia restaurativa y reparación del daño

En materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales (MASCP), la Fiscalía reportó que más de 41 mil carpetas fueron canalizadas a estos esquemas.

Se concretaron más de 21 mil acuerdos reparatorios, con un nivel de cumplimiento del 95%. Por concepto de reparación del daño, se recuperaron 356.4 millones de pesos, lo que representa un aumento del 42% respecto a 2024.

Entre los casos relevantes se mencionó la recuperación de 42 millones de pesos en favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, así como la reparación integral a familias afectadas por un accidente ferroviario en Irapuato.

Búsqueda de personas y atención a víctimas

La institución informó que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas durante 2025. Se fortalecieron los procesos de identificación mediante cotejos genéticos, antropológicos y dactilares.

Asimismo, se emitieron 36,135 órdenes y medidas de protección, y se brindaron más de 54 mil atenciones a víctimas, incluyendo acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas.

En cuanto a la perspectiva de género, se otorgaron más de 36 mil servicios especializados dirigidos a mujeres, niñas y adolescentes.

Innovación tecnológica y reconocimiento nacional

El proyecto “Rostros que no se olvidan”, basado en inteligencia artificial para progresión de edad en personas desaparecidas, fue reconocido a nivel nacional en la categoría de gestión pública en los premios CIO 100 México y en el listado “Las Más Innovadoras”.

La Fiscalía destacó que esta herramienta tecnológica fortalece las labores de búsqueda con un enfoque centrado en las familias.

Presupuesto, transparencia y fortalecimiento institucional

Para 2025, el Congreso del Estado autorizó un presupuesto superior a 4,537 millones de pesos, destinado al fortalecimiento operativo, infraestructura y equipamiento.

La institución reportó el 100% de atención a recomendaciones en materia de derechos humanos y la evaluación del 99.7% del personal en controles de confianza. También se llevó a cabo un evento de destrucción de bienes asegurados, con más de una tonelada de drogas y diversos indicios.

En el ámbito de atención ciudadana, la Ventanilla Única brindó servicio a más de 54 mil personas, con un 70% de satisfacción reportada.

Además, se destacó la colaboración binacional con la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, en materia de persecución penal.

El Informe 2025 subraya que la Fiscalía de Guanajuato mantiene como ejes prioritarios la reducción de la impunidad, el fortalecimiento de la procuración de justicia y la atención integral a las víctimas.

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Durante la inauguración del evento, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó que el informe representa una herramienta clave para fortalecer las capacidades institucionales, al permitir identificar áreas de oportunidad, reconocer avances y mejorar los procesos de investigación relacionados con delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Subrayó que la justicia debe ser accesible para todas y todos, y que es responsabilidad de las instituciones garantizar que los delitos no queden impunes, especialmente cuando se trata de agresiones que afectan el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales.

El informe resalta la importancia de la debida diligencia, la correcta valoración de la evidencia, el análisis de contexto y la coordinación interinstitucional como elementos indispensables para generar investigaciones sólidas y confiables. Asimismo, plantea la necesidad de implementar políticas públicas que contribuyan a crear entornos seguros para quienes informan y defienden derechos.

En representación del ACNUDH en México, Maia Campbell señaló que el documento busca que otras fiscalías y operadores del sistema de justicia repliquen las buenas prácticas identificadas, además de fortalecer los procesos internos de atención a víctimas y sus familiares, con el fin de robustecer la confianza pública en las instituciones.

Por su parte, Ricardo Jorge de Sousa Cancela Neves, oficial del ACNUDH, destacó que el derecho a defender derechos humanos y a ejercer el periodismo son garantías esenciales para la democracia. Enfatizó que la labor de estos sectores contribuye de manera directa al fortalecimiento institucional y al acceso a la verdad y la justicia.

Durante su intervención, el Fiscal General reconoció también la presencia de colectivos de búsqueda y personas buscadoras, a quienes calificó como un componente fundamental para humanizar el trabajo institucional y reafirmar el compromiso de la Fiscalía con las víctimas y sus familias.

Recordó que desde 2019, Guanajuato cuenta con una Fiscalía Especializada encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos contra periodistas y defensores, así como de vigilar la aplicación del protocolo homologado en materia de libertad de expresión y coordinar acciones con los mecanismos de protección correspondientes.

En el marco del evento, se refrendó la política de puertas abiertas de la Fiscalía, con una visión humanista y centrada en las víctimas, además de resaltar que esta presentación coincidió con el primer año de gestión de Vázquez Alatriste al frente de la institución, periodo en el que se ha impulsado un modelo de justicia humanizada.

El evento contó con la participación de Jaime Fernández Rúa, representante de la Unión Europea en México, quien reconoció a Guanajuato como un ejemplo de cooperación internacional basada en la confianza y el respeto, al destacar que la protección de periodistas y defensores es una muestra tangible del compromiso real con los derechos humanos.

Al cierre del acto, la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la realización de este ejercicio en la Fiscalía envía un mensaje claro de apertura institucional, reflexión técnica y disposición para mejorar los procesos de investigación. Subrayó que la colaboración con organismos internacionales permite elevar los estándares de justicia y fortalecer la confianza ciudadana.

La mandataria estatal informó que, durante el último año, se otorgaron medidas de protección a 50 personas, de las cuales 34 son periodistas y 16 personas defensoras de derechos humanos, además de activar 87 acciones de protección conforme al nivel de riesgo.

Asimismo, resaltó las acciones de capacitación realizadas en coordinación con el ACNUDH, dirigidas a integrantes del Consejo Estatal de Protección, personal de seguridad y áreas de comunicación social de dependencias estatales, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión y evitar la revictimización.

Finalmente, la Gobernadora hizo un llamado a periodistas, defensores, instituciones y sociedad civil a asumir este informe como un estándar de actuación compartido, reiterando que en Guanajuato la dignidad humana y la protección de quienes defienden libertades son una prioridad permanente.

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De acuerdo con la Fiscalía General de Guanajuato (FGE), cuatro hombres y una mujer perdieron la vida, mientras que seis personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la región. Vecinos reportaron escenas de pánico y múltiples detonaciones; en el lugar se localizaron más de 50 casquillos percutidos.

El lunes 8 de diciembre, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste confirmó la cifra de víctimas y calificó los hechos como “terribles”. Señaló que se investigan diversas líneas, incluyendo entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de evidencia balística.

Según información preliminar, la vivienda atacada habría funcionado como un supuesto punto de venta de drogas, lo que orienta la investigación hacia posibles vínculos con narcotráfico o narcomenudeo. Hasta el momento no se han reportado detenciones, pero las autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con los responsables.

Este ataque se suma a otros incidentes recientes en Guanajuato, donde se ha registrado un aumento de homicidios múltiples y masacres en diferentes municipios. La violencia en la región sigue siendo un desafío para las autoridades, que buscan contener el repunte de crímenes y garantizar la seguridad de la población.

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Durante este periodo, la Institución encabezó dos hechos clave que, aunque distintos en su naturaleza, coincidieron en un mismo objetivo: consolidar un sistema de procuración de justicia más eficiente en beneficio de la ciudadanía.

Por un lado, se llevó a cabo el Magno Evento de Destrucción de Bienes o Instrumentos del Delito, considerado la depuración de indicios más grande en la historia de la FGEG. La actividad reunió a estudiantes, integrantes de la sociedad civil y medios de comunicación, reforzando la confianza pública al transparentar la eliminación de objetos que ya habían cumplido su función jurídica.

Este proceso forma parte del programa “Bodegas Vacías”, impulsado por el Fiscal General, mediante el cual se logró depurar más de una década de acumulaciones gracias a un trabajo sistemático de inventario, revisión jurídica y destrucción supervisada. La estrategia se convertirá en una política permanente para garantizar el manejo adecuado y legal de las evidencias.

Al mismo tiempo, Guanajuato se consolidó como referente nacional al fungir como sede de la 3ª Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Durante este encuentro, fiscalías de todo el país analizaron avances, retos y buenas prácticas en materia de justicia alternativa.

El Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, destacó que fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias es clave para consolidar una justicia más humana y efectiva. Estos procedimientos, operados por Facilitadores certificados, ofrecen espacios seguros y confidenciales donde se promueven la mediación, la conciliación y la reparación del daño en delitos que lo permiten.

Paralelamente, la FGEG reportó resultados operativos y de investigación que reflejan el trabajo coordinado en todo el estado:

• 11,533 carpetas de investigación iniciadas
• 36,290 carpetas determinadas
• 2,130 carpetas judicializadas
• 974 personas vinculadas a proceso

En materia penal, se obtuvieron 247 sentencias condenatorias, de las cuales 219 fueron bajo procedimiento abreviado y 28 mediante juicio oral.

Además, se recuperaron 31 millones 881 mil 327 pesos mediante 1,448 acuerdos reparatorios, recursos destinados a reparar integralmente a las víctimas.

La Fiscalía también cumplimentó 519 órdenes de aprehensión y ejecutó 302 cateos en investigaciones relacionadas con homicidio, desaparición de personas, delitos contra la salud, entre otros hechos delictivos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reafirma su compromiso con una procuración de justicia moderna, transparente y centrada en las personas, fortaleciendo la confianza ciudadana y el estado de derecho.

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La jornada fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien señaló que la consolidación de estos mecanismos requiere una visión institucional integral, basada en capacitación constante, infraestructura adecuada, coordinación interinstitucional, uso de tecnología, atención especializada a víctimas y una comunicación pública clara.

El fiscal destacó que el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias contribuye a agilizar procedimientos penales y permite avanzar hacia una justicia más humana, accesible y restaurativa, donde las partes pueden dialogar, reparar el daño y construir acuerdos sin procesos largos o adversariales.

La Fiscalía de Guanajuato reiteró que el acceso a los MASC es un derecho fundamental y que su servicio está disponible en los 46 municipios del estado. Cualquier persona que haya sido víctima de un delito, así como quien reconoce su responsabilidad, puede acercarse a estas herramientas que permiten resolver conflictos de manera justa y eficiente.

De acuerdo con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, la mediación, conciliación y junta restaurativa son vías seguras y legítimas para atender delitos que permiten este tipo de intervención. Cuando un caso es susceptible de resolverse por esta vía, el Ministerio Público informa a la víctima u ofendido y, con su consentimiento, canaliza el asunto a las Unidades Especializadas en Mecanismos Alternativos (UEMA), integradas por facilitadores certificados y capacitados para manejar situaciones sensibles.

Una vez canalizado el caso, el personal facilitador establece comunicación con ambas partes y agenda un espacio confidencial y seguro donde se detallan los alcances del mecanismo. Si ambas personas aceptan participar, se lleva a cabo un encuentro que permite proponer soluciones y construir acuerdos orientados a la reparación del daño.

Lejos de los formalismos del juicio, este proceso fomenta el diálogo, la humanización de la justicia y la búsqueda de acuerdos justos y viables. Los facilitadores acompañan cada etapa con neutralidad, profesionalismo y empatía. En caso necesario, las UEMA también supervisan el cumplimiento de los acuerdos hasta su conclusión, lo que permite cerrar formalmente la carpeta de investigación.

Entre los delitos susceptibles de resolverse mediante MASC se encuentran amenazas, daños, lesiones, robo sin violencia, fraude, abuso de confianza e incumplimiento de obligaciones familiares, entre otros previstos por la ley.

La Fiscalía señaló que mantiene un trabajo permanente para fortalecer estas herramientas, con personal certificado e infraestructura especializada para desarrollar sesiones de mediación, conciliación y junta restaurativa en condiciones óptimas.

La sesión nacional concluyó destacando que los MASC representan una alternativa legal para avanzar hacia una justicia más cercana, moderna y humanizada.

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