Según la acusación federal, los implicados habrían participado en una supuesta red de colaboración con integrantes del crimen organizado, que incluiría protección institucional y facilidades para operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las investigaciones mencionan de forma específica a la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la cual habría intervenido en dinámicas políticas locales para fortalecer su influencia en la entidad.

De acuerdo con el expediente, los cargos que se investigan incluyen conspiración para el tráfico de narcóticos, corrupción y presunta asociación con organizaciones criminales, delitos que podrían implicar severas sanciones en caso de una eventual condena.

El documento también refiere que estas redes habrían buscado influir en procesos políticos en Sinaloa, particularmente durante el periodo electoral de 2021.

Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones, calificándolas como señalamientos sin sustento y de carácter político. Hasta el momento, las autoridades mexicanas han informado que revisarán cualquier solicitud de cooperación internacional que pudiera derivarse del caso.

El proceso ha generado atención tanto en México como en Estados Unidos, al tratarse de una investigación relacionada con presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

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