De acuerdo con información difundida por medios nacionales y documentos judiciales citados en investigaciones en curso, el exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa habría sido requerido por una corte federal en Nueva York, dentro de una investigación que lo relaciona con presuntas operaciones ligadas a la organización criminal conocida como “Los Chapitos”.

Las indagatorias señalan que Díaz Vega formaría parte de una red de exfuncionarios y servidores públicos presuntamente implicados en actividades ilícitas, entre ellas conspiración para el tráfico de drogas, colaboración con organizaciones delictivas, así como esquemas de apoyo logístico y financiero vinculados al crimen organizado.

Reportes periodísticos también indican que el exfuncionario habría salido de Europa antes de su presentación ante las autoridades estadounidenses, en el marco de un proceso judicial que continúa en desarrollo y bajo seguimiento de instancias federales.

Hasta el momento, el Gobierno de México y las autoridades de Estados Unidos no han emitido una postura oficial detallada sobre su situación jurídica, por lo que el caso permanece abierto y en etapa de investigación.

El proceso forma parte de una serie de investigaciones internacionales que han alcanzado a exintegrantes del gabinete estatal de Sinaloa, en el contexto de presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del crimen organizado.

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Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad en la entidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrá una coordinación constante con autoridades estatales y municipales.

El funcionario destacó que la estrategia se basa en tres ejes principales: la reducción de la incidencia delictiva, la detención de generadores de violencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mediante acciones de inteligencia, prevención y profesionalización policial.

Tras una reunión en Culiacán, autoridades federales, estatales y municipales acordaron dar continuidad sin interrupciones a las acciones de seguridad. García Harfuch subrayó que el respaldo federal será total para el gobierno estatal, incluso ante el contexto político actual.

Como parte de las acciones implementadas, se han entregado 100 patrullas a la policía estatal, además de capacitar a sus elementos con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y reforzar su operación con personal militar.

En resultados, del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026 se han detenido cerca de 2,400 personas, asegurado más de 68 toneladas de droga —incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo—, además de incautar 5,457 armas de fuego y desmantelar 2,183 laboratorios clandestinos.

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, reiteró el compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno federal y dar seguimiento a la estrategia de seguridad para garantizar la paz en la entidad.

En el ámbito operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuenta con un despliegue de más de 13,300 elementos, incluyendo fuerzas especiales, vehículos y aeronaves para labores de seguridad, inteligencia y combate a la delincuencia.

Asimismo, la Secretaría de Marina reportó la participación de más de 1,600 elementos, con resultados como la detención de más de mil personas y el aseguramiento de drogas y armamento.

En paralelo, se destacó la recuperación económica en Mazatlán, donde el arribo de cruceros ha mostrado una tendencia al alza, con más de 229 mil pasajeros en 2026, generando una derrama económica superior a 361 millones de pesos.

Las autoridades federales reiteraron que la coordinación interinstitucional continuará para combatir a la delincuencia organizada, debilitar sus estructuras y avanzar en la construcción de la paz en Sinaloa.

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