Durante la actividad, las niñas y niños conocieron propuestas relacionadas con la creación de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, además de reformas a la Constitución local enfocadas en garantizar la unidad familiar de personas migrantes.

Asimismo, se revisaron modificaciones al Código Penal vinculadas al reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, así como reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer acciones contra la violencia digital hacia mujeres y niñas, especialmente aquella generada mediante contenidos alterados con inteligencia artificial.

Las autoridades legislativas señalaron que las opiniones, inquietudes y propuestas expresadas por las y los estudiantes serán tomadas en cuenta dentro del análisis de las iniciativas promovidas por el PAN y el PRD.

El diputado Jesús Hernández Hernández invitó a las y los menores a participar activamente en el ejercicio, con el propósito de que compartieran sus ideas, emociones y preocupaciones respecto a los temas expuestos.

La jornada inició con la decisión voluntaria de las niñas y niños de integrarse a la consulta. Posteriormente, recorrieron 16 mamparas informativas instaladas para explicar cada iniciativa, mientras coordinadores de mesa resolvían dudas y orientaban a las y los participantes.

Más tarde, las y los estudiantes contaron con quince minutos para expresar sus opiniones mediante dibujos y textos, los cuales fueron colocados en los espacios correspondientes a cada tema analizado.

Finalmente, se desarrolló un diálogo directo entre estudiantes y legisladores para intercambiar puntos de vista sobre las propuestas y destacar la importancia de incluir la participación infantil en la toma de decisiones públicas.

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Las modificaciones forman parte del proceso de armonización derivado de la reforma constitucional en materia judicial-electoral, impulsada a nivel nacional, y buscan regular la elección popular de personas juzgadoras en Guanajuato.

Durante la sesión, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó que la reforma representa uno de los cambios más relevantes para el sistema jurídico-electoral del estado en las últimas décadas. Señaló que el nuevo esquema incorpora disposiciones relacionadas con campañas judiciales, fiscalización, mecanismos de transparencia, medios de impugnación y criterios de paridad de género.

La legisladora explicó que también se crean nuevas figuras procesales, entre ellas el juicio electoral, el juicio de inconformidad en materia judicial y el juicio general, con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos político-electorales y brindar mayor certeza jurídica al proceso.

No obstante, advirtió que será necesario que las autoridades electorales y jurisdiccionales emitan lineamientos complementarios para garantizar la operatividad y la seguridad jurídica del nuevo modelo electoral judicial.

Por su parte, el diputado Jesús Hernández Hernández afirmó que la reforma pretende acercar las instituciones a la ciudadanía y fortalecer la confianza en el sistema de justicia. Añadió que el nuevo mecanismo permitirá a la población conocer los perfiles de las personas aspirantes, además de incorporar herramientas de transparencia, igualdad y control electoral.

El legislador subrayó que uno de los principales desafíos será lograr que este esquema fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y garantice una justicia imparcial, accesible y cercana a las necesidades sociales, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Susana Bermúdez Cano reservó diversos artículos relacionados con violencia política, aplicación de exámenes de conocimientos y ajustes al Procedimiento Especial Sancionador. Las modificaciones propuestas fueron aprobadas por la comisión.

Respecto al apartado sobre violencia política, la legisladora señaló que, aunque se busca sancionar conductas que actualmente no cuentan con regulación específica, persisten dudas sobre el alcance de las disposiciones y su posible interpretación respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, indicó que la redacción propuesta podría generar criterios ambiguos sobre la afectación de derechos político-electorales, por lo que consideró necesario profundizar el análisis jurídico.

Previamente, la Comisión de Asuntos Municipales también aprobó reformas a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios, como parte de la armonización electoral. Entre los cambios avalados destaca que la función de sindicatura recaiga en una sola persona, en concordancia con el nuevo modelo electoral.

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El encuentro, organizado por el Grupo Parlamentario del PAN y la representación del PRD bajo el lema “Trazando puentes en ambos lados de la frontera”, buscó abrir espacios de diálogo y escucha para atender las necesidades de las personas migrantes y sus familias tanto en Estados Unidos como en Guanajuato.

Durante la inauguración, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván destacó la relevancia de la población migrante para la identidad y desarrollo del estado. Además, reiteró el compromiso de continuar impulsando iniciativas en favor de los derechos y la atención de este sector.

El legislador subrayó que la migración representa una alternativa de vida para miles de familias y enfatizó la necesidad de garantizar condiciones dignas y respeto a los derechos humanos de quienes viven fuera del país.

Por su parte, la diputada migrante Yesenia Rojas Cervantes afirmó que la migración implica historias de esfuerzo, trabajo y esperanza. Señaló que el respaldo a las familias migrantes debe mantenerse como una prioridad desde el ámbito legislativo y gubernamental.

Como parte de las actividades, se desarrolló el panel “Tus derechos y trámites: Lo que toda persona migrante debe saber”, en el que participaron Denise Platter Cabrera y Daniel Gutiérrez, con la moderación de la diputada Noemí Márquez Márquez.

En este espacio se abordaron los principales retos administrativos y legales que enfrenta la comunidad migrante, así como herramientas para facilitar trámites y el acceso a sus derechos. Los especialistas coincidieron en que la información y la orientación son fundamentales para reducir obstáculos burocráticos.

Asimismo, en el panel “Oportunidades para migrantes: liderazgo, negocios y apoyo desde el Gobierno”, Gloria Alvarado y José Luis Solórzano analizaron programas y políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico y el emprendimiento para migrantes guanajuatenses.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos, quien moderó esta mesa, resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan a los migrantes acceder a apoyos productivos y mantener vínculos con sus comunidades de origen.

Durante el foro también se instalaron módulos de atención de diversas dependencias estatales, donde se ofrecieron asesorías, orientación y realización de trámites relacionados con servicios y programas gubernamentales.

Al evento asistieron diputadas y diputados locales del PAN, autoridades estatales, representantes de instituciones federales y organismos relacionados con la atención a personas migrantes, entre ellos el Instituto Nacional de Migración, la Defensoría Pública del Estado y el Registro Civil.

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La diputada María del Pilar Gómez Enríquez señaló que actualmente las estafas ya no operan desde oficinas clandestinas, sino mediante herramientas tecnológicas que aparentan ser confiables y modernas.

Explicó que los delincuentes utilizan redes sociales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial y videos manipulados para ofrecer falsas oportunidades de inversión y promesas de ganancias rápidas, con el objetivo de engañar a la población.

La legisladora advirtió que los esquemas fraudulentos aprovechan tendencias como las criptomonedas, operaciones automatizadas y algoritmos financieros para atraer inversionistas con supuestos altos rendimientos en poco tiempo.

También alertó sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial para clonar voces, alterar videos y utilizar sin autorización la imagen de figuras públicas, lo que dificulta que las personas identifiquen sitios o plataformas falsas.

De acuerdo con Gómez Enríquez, estos fraudes impactan principalmente a adultos mayores, jóvenes y personas que buscan incrementar sus ingresos mediante inversiones digitales.

Además, destacó el riesgo de los llamados modelos piramidales, los cuales dependen del ingreso constante de nuevos participantes y terminan afectando el patrimonio familiar al carecer de respaldo financiero real.

El exhorto fue dirigido a diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Finalmente, la diputada consideró que las sanciones posteriores al fraude resultan insuficientes frente a la velocidad con la que operan estos delitos en el entorno digital, por lo que pidió impulsar campañas permanentes de alfabetización financiera y digital para prevenir nuevas víctimas.

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La modificación establece que no podrán autorizarse cambios de uso de suelo en predios afectados durante un periodo de 20 años, además de que será obligatorio comprobar previamente la regeneración ambiental de las zonas impactadas.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Luz Itzel Mendo González señaló que entre 2018 y 2024 más de 38 mil hectáreas forestales en la entidad resultaron afectadas por incendios, situación que ha generado afectaciones en el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

La legisladora explicó que la reforma busca impedir que el deterioro ambiental sea utilizado como mecanismo para modificar el uso del suelo sin garantizar antes la recuperación de los ecosistemas afectados.

Asimismo, destacó que la iniciativa fue enriquecida con aportaciones de especialistas, autoridades ambientales y ayuntamientos, con el objetivo de construir una regulación respaldada por criterios técnicos y jurídicos.

La reforma también plantea que el desarrollo urbano y económico debe avanzar de manera compatible con la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente para las futuras generaciones.

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Desde tribuna, la diputada Yesenia Rojas Cervantes advirtió que miles de mexicanas y mexicanos viven actualmente en un contexto de incertidumbre migratoria, derivado del incremento de redadas y deportaciones, así como de posibles afectaciones a remesas, servicios financieros y salarios.

La legisladora explicó que, ante estos escenarios, muchas personas deciden regresar a México por voluntad propia o tras un proceso de detención; sin embargo, al hacerlo deben enfrentar nuevamente costos por trámites oficiales, como la recuperación de documentos o la introducción de menaje de casa.

La propuesta legislativa plantea la eliminación de cobros en servicios de documentación, certificación y menaje de casa, además de facilitar los procedimientos para acreditar el retorno al país, con el fin de reducir las cargas económicas en momentos de vulnerabilidad.

Asimismo, se subrayó que gran parte de las deportaciones y retornos voluntarios ocurren en condiciones difíciles, sin recursos económicos ni documentos, lo que complica la reinserción social y familiar de las personas migrantes.

“La migración no es un delito. Son personas trabajadoras que buscan mejores oportunidades para sus familias y no deben ser tratadas como extranjeras en su propia tierra”, expresó la diputada Yesenia Rojas Cervantes.

Con esta iniciativa, las bancadas del PAN y PRD reiteraron su compromiso de impulsar medidas que garanticen un retorno más digno y humano para las personas migrantes mexicanas.

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Durante la mesa de trabajo, la diputada Itzel Mendo González explicó que la iniciativa pretende garantizar el derecho a una vivienda digna mediante un procedimiento claro, uniforme y técnicamente sustentado que permita incorporar los asentamientos irregulares al crecimiento urbano formal de los municipios.

La legisladora destacó que el proyecto contempla la creación del Fondo para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato, el cual serviría como apoyo financiero para familias en situación vulnerable. Además, se propone implementar un Sistema Estatal de Información y Monitoreo que permita dar seguimiento a los procesos de regularización mediante información geoespacial y estadística de acceso público.

Mendo González señaló que la regularización de asentamientos humanos representa una herramienta para la restitución de derechos, ya que permitirá que miles de familias cuenten con seguridad jurídica sobre su patrimonio, además de acceder a infraestructura, servicios públicos y mejores condiciones de vida.

En la reunión participaron representantes de la Consejería Jurídica, las secretarías de Gobierno y Finanzas, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, el INILEG, así como autoridades municipales de Guanajuato, León, Irapuato, Jaral del Progreso y San Luis de la Paz.

Durante el análisis se propuso fortalecer la armonización de la iniciativa con la legislación federal y estatal en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, además de incluir mecanismos preventivos para evitar nuevos asentamientos irregulares, reforzar la participación social y mejorar la coordinación entre municipios y autoridades estatales.

Los asistentes coincidieron en que la propuesta podría brindar certeza jurídica a miles de familias, facilitar el acceso a servicios públicos e impulsar un crecimiento urbano más sostenible y ordenado en la entidad.

Por su parte, la diputada Angélica Casillas Martínez afirmó que la iniciativa representa un acto de justicia social para personas que durante años han vivido sin documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas.

Finalmente, Itzel Mendo González agradeció las aportaciones realizadas durante la mesa de trabajo y señaló que serán fundamentales para fortalecer el proceso de dictaminación de la nueva ley.

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La diputada Angélica Casillas Martínez señaló que el catálogo nacional de medicamentos ha registrado una reducción significativa, al pasar de 2 mil 753 a mil 929 claves, lo que calificó como un retroceso derivado de procesos de optimización administrativa.

La legisladora destacó que el abasto de medicamentos depende de una compleja cadena de suministro farmacéutica, que incluye la planeación logística, las compras consolidadas y la distribución de insumos médicos hacia unidades de salud en todo el país.

Advirtió que cuando existe desabasto de medicinas, no solo se afecta la entrega de tratamientos, sino también la planeación sanitaria, la transparencia en el sistema de salud y la capacidad institucional para garantizar el derecho a la salud.

Asimismo, afirmó que el desabasto de medicamentos en México ha dejado de ser un problema temporal y se ha convertido en una falla estructural del sistema de salud, con impactos directos en miles de familias y en la confianza hacia las instituciones públicas.

El exhorto fue dirigido a la Secretaría de Salud federal, con el objetivo de mejorar la logística de distribución de medicamentos y transitar hacia un modelo basado en el surtimiento efectivo de recetas médicas, asegurando que los medicamentos lleguen al paciente final.

También se planteó realizar una evaluación integral de la política farmacéutica nacional, así como fortalecer la digitalización de la cadena de suministro, incorporando tecnologías que permitan el rastreo en tiempo real de medicamentos e insumos médicos.

Con estas medidas, los legisladores buscan fortalecer la eficiencia del sistema de salud, garantizar la disponibilidad de medicamentos en hospitales, tanto en zonas urbanas como rurales, y reducir las desigualdades en el acceso a la salud en México.

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Durante la sesión legislativa, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que han transcurrido 29 días desde la renuncia de la exfuncionaria federal sin que exista una nueva titular al frente de la institución, situación que —dijo— ocurre en un contexto donde persisten casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en distintas regiones del país.

La legisladora recordó que la creación de la Secretaría de las Mujeres fue presentada por el Gobierno Federal como una estrategia para fortalecer las políticas de igualdad sustantiva, así como el empoderamiento de las mujeres; sin embargo, consideró que la falta de nombramiento afecta la continuidad institucional y el seguimiento de programas enfocados en la protección de los derechos de las mujeres.

Asimismo, cuestionó la respuesta del Gobierno Federal frente a problemáticas relacionadas con la violencia de género y la vulnerabilidad social que enfrentan mujeres en diversas entidades, particularmente en comunidades indígenas de Guerrero.

Bermúdez Cano afirmó que la ausencia de una titular limita la coordinación y ejecución de políticas públicas para mujeres, además de obstaculizar acciones enfocadas en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El exhorto presentado solicita que se concrete de manera inmediata el relevo en la dependencia federal para garantizar la continuidad de las estrategias institucionales relacionadas con la atención a víctimas, la prevención de la violencia y la defensa de los derechos de las mujeres.

Finalmente, legisladores del PAN y PRD reiteraron su postura a favor de contar con instituciones sólidas y funcionales que mantengan una política pública permanente en defensa de las mujeres y víctimas de violencia.

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La propuesta fue avalada pese a la postura en contra de legisladores de Morena, quienes expresaron resistencia durante la discusión en el Pleno.

El diputado Roberto Carlos Terán Ramos advirtió que la situación representa una amenaza estructural para el campo mexicano, al distorsionar los esquemas de comercialización y profundizar la crisis que enfrentan los productores.

El legislador subrayó que el impacto no solo es económico, sino social, al señalar que detrás de las cifras se encuentran familias rurales, comunidades indígenas y mujeres jefas de hogar que dependen directamente del cultivo del maíz.

“Se trata de un sector que sostiene la vida rural; la falta de atención institucional ha derivado en desplazamiento y pérdida de oportunidades”, expuso.

Asimismo, advirtió que la crisis del campo guanajuatense contribuye a fenómenos como la migración hacia las ciudades y el abandono de la actividad agrícola, lo que perpetúa un ciclo de pobreza en las zonas rurales.

El exhorto aprobado plantea que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) refuerce mecanismos como la administración de riesgos, las coberturas de precios, el ajuste de apoyos a la comercialización y una mayor coordinación interinstitucional para proteger a los productores.

En el cierre del debate, Terán Ramos criticó la falta de políticas públicas federales efectivas, al considerar que existe una indiferencia institucional frente a las necesidades del sector maicero.

Por su parte, el diputado Erandi Bermúdez Méndez señaló inconsistencias en la postura de Morena, al sostener que el propio diseño de las políticas federales ha contribuido al abandono del campo, pese a su voto en contra del exhorto.

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