De acuerdo con fuentes federales, el mando naval —quien se desempeñó en cargos de control aduanero— habría facilitado el ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos a través de los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas. Las investigaciones apuntan a que esta red operaba mediante la manipulación de trámites aduanales y declaraciones falsas para evadir el pago de impuestos al fisco federal.

El caso ha cobrado relevancia debido a que Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de las instituciones involucradas.

La orden judicial, librada en agosto de 2025, forma parte de la causa penal 325/2025, derivada de una investigación en la que también se involucra a funcionarios aduanales y empresarios del sector energético. La FGR sostiene que el grupo habría obtenido beneficios millonarios mediante la importación irregular de diésel, utilizando buques con documentación alterada.

Pese a haber sido citado a comparecer ante una jueza federal de control en Almoloya de Juárez, Estado de México, el contralmirante no se presentó, por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Posteriormente, INTERPOL emitió una ficha roja para su localización en los 192 países miembros.

Fuentes judiciales confirmaron que Farías Laguna promovió un amparo para frenar su detención, obteniendo una suspensión provisional mientras se define su situación legal. Sin embargo, la orden de captura continúa vigente y las autoridades mantienen su búsqueda activa.

El caso representa uno de los golpes más significativos contra el huachicol fiscal en México, ya que evidencia la posible participación de mandos militares y funcionarios en una estructura delictiva que habría afectado al erario por cientos de millones de pesos.

La Secretaría de Marina (Semar) ha reiterado su colaboración con las investigaciones y señaló que los hechos se circunscriben a la responsabilidad individual del exmando, sin afectar la operatividad institucional.

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Sin mencionar directamente el caso, el almirante destacó que la dependencia dio un “golpe de timón” contra la corrupción al poner a disposición de las autoridades a los presuntos responsables, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías y otros oficiales de la Armada, por actos que calificó como reprobables.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, su gabinete y la tropa reunida en el Zócalo capitalino, Morales Ángeles subrayó que la Marina responderá “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate” frente a cualquier desafío o acto de corrupción.

El titular de la Semar aseguró que la institución ha actuado con honestidad y transparencia, y que la lucha contra la corrupción y la impunidad es parte central de la transformación del país. “Jamás fue para nosotros opción el disimulo; porque el silencio no nos define. La verdad nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, sostuvo.

Morales Ángeles enmarcó estas acciones en la llamada Cuarta Transformación, a la que definió como una “revolución de las conciencias” que exige fortaleza y claridad. Recordó que la Marina, con más de 200 años de historia, es heredera de los ideales de la Guerra de Independencia y que su misión sigue guiada por los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo.

Finalmente, afirmó que México es un gran país forjado a base de “golpes de timón y lecciones aprendidas” y que la Marina seguirá actuando con determinación “por el bien de la nación”.

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La Secretaría de Marina confirmó el deceso a través de redes sociales y expresó sus condolencias a familiares y compañeros. De acuerdo con autoridades navales, el oficial participaba junto a 10 elementos en una práctica cuando se registró una detonación inesperada. Aunque se solicitó atención médica inmediata, al arribo de la ambulancia institucional ya no presentaba signos vitales.

El hecho ocurre un día después del presunto suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, ex titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, en medio de las investigaciones por el desmantelamiento de una red de huachicol fiscal que involucra a mandos navales, funcionarios aduaneros y empresarios.

La red de “Los Primos”

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que la organización, presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, operaba una estructura capaz de cerrar la aduana de Tampico por cerca de una hora para descargar millones de litros de diésel en unas 300 pipas.

La investigación apunta a que el grupo buscaba controlar todas las aduanas marítimas del país, con operaciones detectadas en Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México. Entre marzo de 2024 y mayo de 2025, se documentó la descarga de 31 buques bajo este esquema.

Según la FGR, la red reportaba la llegada de aditivos para evadir impuestos, cuando en realidad introducía diésel que posteriormente se distribuía a empresarios. La operación habría contado con la complicidad de funcionarios y trabajadores portuarios.

Vinculación a proceso

En una audiencia de más de 18 horas en los juzgados del Altiplano, un juez vinculó a proceso a 10 marinos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos. Se otorgaron seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que permanecerán en prisión preventiva.

Uno de los acusados, identificado como Humberto “N”, solicitó su traslado a una prisión militar alegando amenazas dentro del penal de máxima seguridad.

Reclutamiento y sobornos

El expediente judicial detalla que los hermanos Farías Laguna aprobaban el nombramiento de personal clave en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Un testigo colaborador, identificado como “Santo”, relató que en 2023 recibió una llamada del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK” o “Mike”, quien le ofreció apoyo para “levantar” la aduana de Tampico.

Pocos días después, un emisario le entregó un sobre con 200 mil pesos en un estacionamiento, con la instrucción de usarlo para gastos de la aduana y convivencias del personal. Posteriormente, la red se acercó a otros funcionarios, como Sergio Varela y Carlos de Jesús Estudillo, para integrarlos a las operaciones ilícitas.

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El cuerpo del oficial fue localizado sin vida en instalaciones portuarias, en medio de investigaciones federales relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el motivo del deceso, mientras la Marina expresó su “más sentido pésame y solidaridad” a familiares y compañeros del elemento.

La dependencia reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindar apoyo institucional a los afectados. El caso se suma a una serie de operativos recientes en puertos del Golfo de México, donde se han detectado irregularidades en el manejo de hidrocarburos.

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