Para 2026, la Sala Superior propuso un salario anual bruto de 4.2 millones de pesos por magistrado, frente a los 2.8 millones que recibirá la presidenta Sheinbaum. La revisión de las declaraciones patrimoniales de los magistrados muestra que Mónica Soto y Felipe de la Mata declararon 4 millones de pesos por su trabajo, mientras que Janine Otálora, Reyes Rodríguez y Alfredo Fuentes reportaron 3.6 millones. Estos montos incluyen sueldos, bonos, compensaciones, aguinaldos y otras prestaciones.

Aunque el Poder Judicial se encuentra en un proceso de austeridad, los magistrados del TEPJF mantuvieron en 2024 ingresos superiores a los autorizados para el titular del Ejecutivo Federal. La mayoría optó por mantener confidenciales los detalles sobre bienes inmuebles, inversiones y vehículos. Entre los casos conocidos, Felipe de la Mata declaró dos departamentos adquiridos en 2019 y 2022, con valores de 5.3 y 3.9 millones de pesos, respectivamente.

El 1 de noviembre, el TEPJF iniciará una nueva etapa con Gilberto Bátiz García al frente de la Sala Superior, tras haber sido el magistrado más votado en la elección judicial. A diferencia de las últimas tres presidencias, que enfrentaron conflictos internos, se espera que Bátiz asuma sin oposición, cumpliendo lo establecido en la Constitución para un mandato de dos años.

Por su parte, los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez permanecerán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2027, tras la extensión de mandatos aprobada por la reforma judicial de AMLO. La magistrada Janine Otálora dejará el cargo el 31 de octubre, cumpliendo su periodo original de nueve años, dejando la Sala Superior con seis magistrados.

Desde una perspectiva política, Gustavo López, doctor en Ciencia Política de The New School for Social Research de Nueva York, señala que el TEPJF ha sido históricamente un órgano controvertido, dominado por mayorías alineadas con ciertos grupos políticos. Según López, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior se alineó con la 4T desde 2018, consolidando estas posiciones con la reciente elección judicial.

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De las 1,711 plazas existentes, únicamente 830 permanecerán bajo la responsabilidad de juzgadores designados mediante el concurso de oposición vigente desde 1995, sistema que quedó sustituido por la elección popular.

Del total de 863 plazas sorteadas para participar en la elección del pasado 1 de junio, 487 jueces y magistrados declinaron contender, jubilándose o renunciando desde finales del año pasado. Aquellos que permanecían en funciones debieron dejar sus cargos el 31 de agosto. Entre ellos destacan 332 magistrados de circuito que ya cumplían con los requisitos para jubilarse y recibir pensión complementaria del ISSSTE.

Por otra parte, 376 juzgadores participaron en la contienda electoral, pero solo 80 resultaron electos, incluyendo 25 magistrados y 55 jueces. Los 296 derrotados dejaron sus puestos conforme a lo estipulado por la Constitución.

En cuanto a las 848 plazas no sorteadas, estas no se someterán a elección hasta 2027. Sin embargo, ya se registran 98 vacantes en este grupo, que deberán ser ocupadas temporalmente por secretarios en funciones durante los próximos dos años.

En total, continuarán trabajando 750 jueces y magistrados no sorteados para la elección de 2025, junto con los 80 electos, lo que representa apenas el 48.5 por ciento del total de plazas. Las vacantes restantes serán ocupadas por nuevos jueces y magistrados electos, algunos con experiencia en el Poder Judicial, y otros sin antecedentes en labores judiciales.

Hace tres semanas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) intentó retener a cien juzgadores que debían dejar sus cargos el 1 de septiembre, argumentando vulnerabilidad, pero la medida no alcanzó los votos necesarios. La Ministra Presidenta Norma Piña explicó que la Constitución exige que quienes dejaron su cargo en 2025, y no fueron electos, no pueden ser reasignados a plazas vacantes de 2027, respetando así la decisión ciudadana.

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Durante la sesión extraordinaria reanudada este miércoles, la Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, informó que se concluyó un segundo operativo de verificación de requisitos de elegibilidad para las candidaturas que encabezaron la votación. Esta revisión se realizó con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) y la Secretaría Ejecutiva, bajo una nueva metodología que permitió validar los promedios académicos exigidos por la Constitución.

Se revisaron un total de 847 expedientes: 462 correspondientes a personas electas para ocupar Magistraturas de Circuito y 385 para cargos como juezas y jueces de Distrito. En el caso de las Magistraturas, 24 aspirantes fueron descalificados por no cumplir con los promedios académicos requeridos: tres no alcanzaron un promedio general mínimo de 8 puntos y 21 no cumplieron con un promedio mínimo de 9 puntos en materias afines al cargo.

Así, se asignaron 438 Magistraturas a quienes obtuvieron la votación más alta. Las restantes fueron declaradas vacantes. En cuanto a las personas juzgadoras de Distrito, 21 candidaturas fueron descartadas por las mismas razones académicas, y se asignaron 363 cargos. El pleno también declaró vacante, en votación particular, el cargo correspondiente al Distrito 2, especialidad mixta, del circuito 7 en Veracruz.

En total, quedaron vacantes 46 cargos tras esta etapa del proceso. A partir del jueves 3 de julio, el INE comenzará la entrega de constancias a las candidaturas asignadas oficialmente.

Con esta resolución, el INE concluye la etapa de sumatoria nacional, verificación de requisitos, asignación de cargos y declaración de validez de las elecciones extraordinarias para el Poder Judicial.

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La designación, realizada en el Senado de la República, fue calificada por Reyes Carmona como una decisión trascendental, al considerar que ambos perfiles representan lo mejor del talento jurídico guanajuatense, con una sólida trayectoria profesional y probada capacidad en materia electoral.

“Estoy convencido de que su labor durante los próximos siete años fortalecerá la equidad, la legalidad y la imparcialidad de los procesos democráticos en nuestro estado”, expresó el legislador.

En el caso de Pablo Roberto Sharpe Calzada, destacó que es licenciado en Derecho y maestro en Justicia Constitucional. Entre su experiencia se encuentra su desempeño como secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2020, además de contar con un diplomado en medios de impugnación en materia electoral, impartido por el mismo tribunal en 2018. También ha sido asesor jurídico en el Consejo General del INE, litigante en procesos electorales y ha colaborado en iniciativas legislativas a favor de una democracia participativa.

Por su parte, Juan Antonio Macías Pérez cuenta con 27 años de experiencia en órganos jurisdiccionales. Actualmente se desempeña como Magistrado por Ministerio de Ley en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG). Su trayectoria incluye haber sido secretario general del tribunal, secretario coordinador de ponencia durante ocho años y secretario de ponencia/sala por seis años.

El senador guanajuatense manifestó su plena confianza en que ambos magistrados realizarán una destacada labor en este nuevo encargo, y aseguró que contarán con el acompañamiento necesario para garantizar un desempeño apegado a derecho.

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