Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, encabezada por el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste, reforzó la cooperación binacional México–Estados Unidos mediante la realización de una mesa de trabajo enfocada en la creación de una certificación especializada para servidores públicos en materia de trata de personas.

La jornada fue inaugurada por Marco Antonio Inda Jaime, fiscal especializado en delitos de alto impacto, quien subrayó la relevancia de consolidar alianzas institucionales que fortalezcan la prevención, investigación y atención integral de las víctimas de este delito, bajo un enfoque de derechos humanos.

En el encuentro participaron representantes de la Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, de Homeland Security Investigations adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México, así como personal de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales de Chiapas, Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, además del Grupo Binacional Anti-trata.

El objetivo central de la mesa fue aportar experiencias, conocimientos y buenas prácticas para la construcción del plan académico del Primer Diplomado Especializado en Trata de Personas para Servidores Públicos, proyecto desarrollado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, orientado a fortalecer la capacitación en investigación, procuración de justicia y atención a víctimas.

Durante las sesiones, representantes del INL destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para avanzar en procesos de certificación y homologación de criterios de actuación entre autoridades de ambos países.

Por su parte, personal de HSI expuso avances de la propuesta académica del diplomado, destacando que este programa busca generar mejoras institucionales concretas en la investigación de la trata de personas y en la protección de las víctimas.

Asimismo, el titular de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la Fiscalía estatal enfatizó la necesidad de desarrollar modelos de capacitación basados en la experiencia operativa de fiscalías especializadas, fortaleciendo la identificación de víctimas y la aplicación de protocolos especializados.

La Fiscalía de Guanajuato fue reconocida por su desempeño, innovación y colaboración en el combate a este delito, así como por su enfoque humanista en la atención a víctimas.

Con estas acciones, la institución refrenda su compromiso de fortalecer la procuración de justicia, así como la cooperación internacional para prevenir, investigar y sancionar la trata de personas en todas sus modalidades.

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Ciudad de México.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que, como resultado de acciones de coordinación internacional entre autoridades de México y Estados Unidos, un funcionario adscrito a dicha agencia fue detenido por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el comunicado, el servidor público identificado como Carlos N. es señalado en el marco de una investigación en curso relacionada con posibles hechos vinculados a delincuencia organizada.

Tras su detención en territorio estadounidense, el funcionario fue entregado a las autoridades competentes en México para continuar con las diligencias correspondientes.

Las instituciones señalaron que se llevarán a cabo todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a la ley.

La ANAM y la SSPC reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la integridad en el servicio público.

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La mandataria subrayó que este reconocimiento forma parte del diálogo bilateral y abre la puerta a un enfoque más integral entre ambas naciones para atender el problema de las drogas y la violencia asociada.

Sheinbaum Pardo señaló que, por primera vez, Estados Unidos incorpora en su estrategia el reconocimiento del problema del consumo interno de drogas y su relación con el flujo de armas hacia territorio mexicano.

En el mismo sentido, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, explicó que la estrategia impulsada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en EE.UU. contempla atender de forma simultánea la oferta y demanda de drogas sintéticas, así como el fortalecimiento del control fronterizo.

El funcionario destacó que México ya mantiene acciones de cooperación como el fortalecimiento de capacidades institucionales, el aseguramiento de precursores químicos y el combate al poder de los cárteles, con el objetivo de reducir la violencia, el tráfico de drogas y el flujo de armas.

Asimismo, recordó que la relación bilateral se basa en principios como la responsabilidad compartida, el respeto a la soberanía, la cooperación sin subordinación y la confianza mutua.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, subrayó que Estados Unidos reconoce por primera vez el consumo de drogas ilícitas como problema de salud pública, al señalar que más de 73.6 millones de personas lo han hecho en el último año.

Además, indicó que 48.4 millones de estadounidenses presentan trastornos por uso de sustancias y 23.5 millones se encuentran en proceso de recuperación.

En contraste, expuso que en México el consumo de drogas ilícitas alcanza al 2.7% de la población, equivalente a 3.8 millones de personas.

Finalmente, se destacó que el gobierno estadounidense también impulsará campañas de prevención, educación, atención médica y rehabilitación, con el objetivo de reducir el consumo y fortalecer entornos saludables.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales, la petición fue enviada al tribunal del Distrito Este de Nueva York, instancia donde el exlíder del Cártel de Sinaloa busca que su caso sea reconsiderado. En el documento, el capo argumenta la necesidad de recibir un trato justo y cuestiona la legalidad de su proceso judicial.

En la misiva, Guzmán Loera expone presuntas irregularidades en su juicio, además de señalar que ha intentado en diversas ocasiones obtener información sobre el estado de sus recursos legales sin recibir respuesta clara por parte de las autoridades estadounidenses.

El exlíder criminal fue condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Actualmente permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, bajo estrictas medidas de aislamiento.

Dentro de su solicitud, también plantea la posibilidad de que su sentencia sea revisada, al considerar que estuvo basada en pruebas cuestionables. Este nuevo intento legal se suma a otros recursos promovidos recientemente, en los que ha denunciado condiciones de reclusión severas y posibles violaciones a sus derechos.

La petición de extradición a México ocurre en un contexto complejo en la relación bilateral entre ambos países en materia de seguridad y justicia, particularmente por los casos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, autoridades de Estados Unidos no han emitido una postura oficial sobre la viabilidad de la solicitud.

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