Durante asuntos generales, el diputado Erandi Bermúdez Méndez sostuvo que estos hechos no deben considerarse aislados, al calificarlos como “la crónica de una narcopolítica ya anunciada”, la cual, afirmó, es resultado de años de presuntas complicidades.

El legislador cuestionó los intentos por minimizar las acusaciones y evitar su discusión pública. Además, advirtió que el uso de instituciones para contener el impacto político genera preocupación sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.

También criticó el cierre anticipado del periodo legislativo federal, al considerar que buscó frenar el debate sobre el caso. Señaló que, ante señalamientos de esta magnitud, lo procedente sería separar del cargo a los implicados mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, a fin de evitar prácticas de impunidad y fortalecer la rendición de cuentas.

Por su parte, el diputado Jorge Espadas Galván afirmó que la defensa de funcionarios señalados refleja una postura preocupante. Subrayó que México ha realizado procesos de extradición en distintos casos, por lo que —dijo— no deberían existir excepciones. Recalcó la necesidad de investigar y sancionar conforme a la ley, evitando la permanencia de lo que calificó como posibles “narcogobiernos”.

En tanto, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos señaló que los señalamientos contra actores políticos no pueden minimizarse ni tratarse como hechos aislados. Advirtió que la recurrencia de acusaciones evidencia un problema estructural, donde la falta de investigaciones oportunas y deslindes claros debilita al Estado de Derecho y puede generar tolerancia hacia posibles vínculos con la delincuencia.

Finalmente, el legislador Óscar González Espinosa consideró que estos hechos forman parte de un patrón reiterado. Expuso que existen señalamientos sobre el uso del poder público para la construcción de redes de control financiero y operación política, mencionando casos como el huachicol, el manejo opaco de recursos y antecedentes como el de Segalmex.

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