Los dictámenes avalados autorizan la enajenación de dos inmuebles propiedad del Estado, ubicados en los municipios de Acámbaro y Pénjamo, los cuales serán transferidos al Gobierno Federal para su incorporación a programas habitacionales destinados a beneficiar directamente a familias guanajuatenses.

Las propuestas fueron respaldadas con los votos de las diputadas Angélica Casillas Martínez, Jared González Márquez y Pilar Gómez Enríquez, así como del diputado Víctor Zanella Huerta, quien además preside la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Durante la sesión, el legislador destacó que estas acciones atienden una demanda social persistente y contribuyen al fortalecimiento del patrimonio familiar, al facilitar el acceso a una vivienda propia.

Zanella Huerta subrayó que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno permite responder de manera más efectiva a las necesidades de la población, particularmente en materia de política pública de vivienda, al tiempo que reconoció la importancia de generar condiciones para que más familias puedan construir un hogar con bases sólidas.

Finalmente, el diputado expresó su confianza en que continúen presentándose iniciativas de este tipo en el Congreso del Estado, con el objetivo de consolidar una política habitacional alineada a la realidad social y económica de Guanajuato.

En otros asuntos, la Comisión acordó realizar la Junta de Enlace en Materia Financiera el próximo 24 de febrero, con la participación de autoridades estatales y municipales.

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Durante el encuentro, el presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, señaló que la revisión forma parte del proceso de armonización legislativa con el marco constitucional y la legislación general en materia de transparencia y rendición de cuentas. Recordó que estos cambios se desprenden de reformas nacionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción y al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.

El legislador subrayó que el propósito central es asegurar que la normativa estatal se alinee con los parámetros federales vigentes, respetando la jerarquía normativa y garantizando que el diseño institucional de Guanajuato responda a los estándares actuales en materia de control y fiscalización.

Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano explicó que la iniciativa impulsada por el PAN y PRD retoma la estructura, principios y lineamientos establecidos en la Ley General de Transparencia, así como experiencias legislativas de otras entidades como Aguascalientes y Puebla.

Detalló que la propuesta busca ordenar y modernizar el marco jurídico estatal, asegurando que cualquier persona pueda acceder a información pública mediante procedimientos claros, gratuitos, ágiles y verificables, en concordancia con el mandato constitucional y las buenas prácticas nacionales.

Asimismo, indicó que la iniciativa contempla un esquema definido de transición institucional, mediante el cual las funciones en materia de transparencia se integrarán de manera progresiva a las dependencias responsables del control interno, siguiendo modelos que han demostrado eficacia en otros estados del país.

Durante la mesa de trabajo, representantes de dependencias estatales, organismos autónomos e instituciones coincidieron en que la propuesta incorpora de forma precisa los principios, procedimientos y obligaciones establecidos a nivel federal. También destacaron avances como la definición de nuevas atribuciones para las autoridades garantes y la transición ordenada tras la extinción del IACIP.

No obstante, se presentaron observaciones enfocadas en reforzar plazos, brindar mayor certeza jurídica y prever los impactos presupuestales y operativos derivados de la reestructura institucional propuesta.

Al cierre de la reunión, Romero Hicks agradeció la participación de las y los asistentes y reiteró que el proceso legislativo permanece abierto. Indicó que las inquietudes y temas planteados serán analizados, dada la trascendencia de las reformas, que implican ajustes relevantes tanto a nivel estatal como nacional en diversas dependencias y marcos normativos.

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Durante su intervención en tribuna, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que el espacio digital se ha transformado en un ámbito de alto riesgo para las mujeres, donde se registran conductas como acoso, hostigamiento, suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Explicó que la propuesta legislativa plantea exhortar a la Presidenta de la República a impulsar la creación e implementación de protocolos preventivos en materia de violencia digital, con lineamientos claros y operativos para su detección, atención y prevención. Dichos protocolos, agregó, deberán ser adoptados por plataformas digitales para garantizar la protección de mujeres y niñas en los espacios virtuales.

La legisladora subrayó que la defensa de los derechos de las mujeres en entornos digitales no puede quedar fragmentada entre distintos niveles de gobierno, ya que las entidades federativas no cuentan con facultades para regular plataformas de alcance nacional, por lo que se requiere una respuesta coordinada desde el ámbito federal.

Finalmente, Bermúdez Cano afirmó que la erradicación de la violencia digital será una de las principales líneas de trabajo que impulsará desde la Comisión para la Igualdad de Género, reiterando el compromiso del PAN y PRD con una vida libre de violencia para las mujeres, tanto en el espacio físico como en el digital.

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La propuesta plantea que los gobiernos municipales revisen el estado de banquetas, rampas y cruces peatonales, refuercen la señalización vial, apliquen sanciones a quienes obstruyan el paso peatonal y mantengan vigilancia efectiva en zonas de alta afluencia. Asimismo, se solicita que el peatón sea considerado de manera prioritaria y obligatoria dentro de la planeación urbana.

Durante la exposición del exhorto, la diputada Ana María Esquivel Arrona señaló que en diversas ciudades del estado las personas que caminan enfrentan diariamente obstáculos que invaden las banquetas, lo que las obliga a desplazarse entre vehículos y pone en riesgo su integridad física.

Indicó que esta situación afecta de manera particular a adultos mayores, niñas y niños, personas con discapacidad y a quienes utilizan carriolas o sillas de ruedas, quienes encuentran limitaciones constantes para transitar de forma segura y autónoma.

La legisladora enfatizó que el llamado no debe interpretarse como una recomendación general, sino como una acción concreta para que los municipios ejerzan plenamente sus atribuciones en la protección del espacio peatonal, garantizando condiciones dignas y seguras para todas las personas.

Finalmente, las bancadas del PAN y PRD reiteraron su compromiso con una movilidad humana y segura, con enfoque de derechos, que priorice a las personas sobre el uso del automóvil y permita una convivencia vial más ordenada y justa en Guanajuato.

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Durante la mesa de trabajo, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la propuesta tiene como objetivo establecer un marco legal que garantice decisiones más justas, humanas y orientadas al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora destacó que esta medida es fundamental, dado que el Código Penal contempla al menos 21 delitos en los que menores son víctimas, entre ellos homicidio calificado, feminicidio, violencia sexual, trata de personas, explotación infantil, captación de menores y violencia familiar.

“Con esta reforma, los diputados avanzamos en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Guanajuato”, afirmó Bermúdez Cano.

Además, recordó que el interés superior de la niñez es un principio reconocido internacionalmente desde la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que los Estados tienen la obligación de garantizar la dignidad, desarrollo integral y protección reforzada de menores en todas las decisiones que les afecten.

Por su parte, representantes de la Coordinación General Jurídica, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos coincidieron en que la iniciativa es viable y positiva, incorporando instrumentos internacionales que buscan el bienestar de la niñez. Asimismo, ofrecieron recomendaciones para fortalecer el proyecto.

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La sesión fue encabezada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la comisión, y tuvo como objetivo revisar los alcances de las iniciativas orientadas a armonizar la legislación estatal con la Ley General para el fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

Durante su participación, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la desaparición de personas en México constituye un problema estructural que ha provocado dolor, incertidumbre e impunidad para miles de familias. Indicó que, ante esta situación, diversos organismos nacionales e internacionales han acompañado los procesos de búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición.

La legisladora explicó que la iniciativa responde a las reformas publicadas el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, las cuales obligan a las entidades federativas a adecuar su marco normativo en materia de desaparición forzada.

Entre los ejes principales de la propuesta del PAN y PRD, destacó la creación de una Plataforma Estatal de Identidad, homologada con la federal, que permitirá integrar registros y bases de datos para facilitar búsquedas continuas, eficaces y coordinadas.

Asimismo, se contempla la implementación de la Ficha de Búsqueda Estatal, el fortalecimiento de unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado, y la obligación de instituciones públicas y privadas de contar con registros actualizados y permitir el acceso a datos biométricos, con el fin de mejorar los procesos de identificación.

Bermúdez Cano subrayó que estas herramientas permitirán fortalecer la respuesta institucional, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y atender uno de los principales retos actuales: la falta de identificación de cuerpos resguardados por diversas instancias.

En la mesa de trabajo, representantes de dependencias estatales y organismos autónomos coincidieron en que las iniciativas plantean un enfoque integral para atender las violaciones a los derechos humanos derivadas de la desaparición forzada, al tiempo que promueven criterios diferenciados para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

También resaltaron la importancia de garantizar acciones de prevención, investigación, sanción, reparación integral del daño y no repetición de estos hechos.

Al cierre de la reunión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks afirmó que las tres iniciativas analizadas contienen elementos complementarios que pueden fortalecer la legislación estatal en la materia. Asimismo, enfatizó la necesidad de incorporar aportaciones de universidades, especialistas, colectivos de búsqueda y organizaciones independientes, así como de retomar buenas prácticas nacionales e internacionales.

Finalmente, hizo un llamado a que el trabajo legislativo se traduzca en soluciones concretas para las familias afectadas por la desaparición de personas en Guanajuato.

En el encuentro participaron representantes de la Coordinación General Jurídica, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad y Paz, el Instituto de Seguridad Social del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

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Durante una mesa de trabajo encabezada por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, se revisó el alcance de la propuesta que plantea incorporar este derecho en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, como una medida de reconocimiento y justicia para miles de familias que mantienen vínculos entre México y Estados Unidos.

En su intervención, la diputada Yesenia Rojas Cervantes subrayó que la reforma pretende visibilizar las condiciones que enfrentan las comunidades migrantes, quienes a diario se ven expuestas a redadas, detenciones arbitrarias y separaciones familiares, pese a ser un sector que destaca por su esfuerzo, resiliencia y aportación social.

La legisladora destacó que la iniciativa busca colocar, por primera vez, a la comunidad migrante en el centro del marco constitucional del estado, reconociendo que el derecho a migrar por necesidad y a preservar la unidad familiar es fundamental para el desarrollo de las personas.

Representantes de la Consejería General Jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado coincidieron en que la propuesta fortalece la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, al reconocer a la familia como un elemento clave para su bienestar integral. No obstante, realizaron observaciones técnicas a la redacción del proyecto.

Al cierre de la mesa de trabajo, el diputado Juan Carlos Romero Hicks resaltó la importancia de la iniciativa y su impacto positivo en el reconocimiento constitucional de los derechos de la comunidad migrante guanajuatense. Asimismo, informó que las aportaciones recibidas serán analizadas para la dictaminación final de la propuesta.

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Durante la sesión, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos advirtió que la disminución del precio del grano representa no solo una crisis para el sector agropecuario, sino un riesgo para el ingreso de miles de familias del campo que dependen de esta actividad.

El legislador explicó que el precio internacional del maíz registró una baja superior al cinco por ciento en la última semana, lo que afecta de manera inmediata a los productores nacionales. Señaló que, mientras el grano importado llega a costos más bajos, los gastos de producción en México —como fertilizantes, energía y transporte— se mantienen elevados.

Esta combinación, agregó, compromete la viabilidad económica del campo y pone en riesgo el próximo ciclo agrícola, al limitar la capacidad de las familias productoras para sostener su actividad.

Por ello, el exhorto presentado propone que la SADER implemente mecanismos de administración de riesgos, apoyos directos a la comercialización y una coordinación interinstitucional más eficaz con gobiernos estatales y municipales.

Finalmente, Terán Ramos subrayó que avanzar hacia la soberanía alimentaria requiere fortalecer al productor nacional frente a un mercado internacional cada vez más competitivo. En este sentido, PAN y PRD reiteraron que respaldar al campo mexicano es una responsabilidad del Estado y no una concesión.

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La primera propuesta fue presentada por el diputado Roberto Carlos Terán Ramos y contempla reformas a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, además de la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato. El objetivo central es reconocer a estos pueblos como sujetos de derecho público, lo que les permitiría participar con voz y voto en los procesos de planeación estatal, regional y municipal.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa incorpora el derecho a la consulta previa, libre e informada, y fortalece el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos para definir sus prioridades económicas, sociales y culturales. Asimismo, refuerza disposiciones relacionadas con la educación intercultural, la salud comunitaria, la medicina tradicional y el uso preferente de los recursos naturales en sus territorios.

La segunda iniciativa fue planteada por el diputado Jesús Hernández Hernández y propone modificaciones al Código Civil del Estado para que las actas del Registro Civil puedan expedirse también en sistema Braille. Esta medida busca garantizar que las personas con discapacidad visual accedan a su información personal de manera autónoma, segura y sin necesidad de intermediarios.

Desde la tribuna, se destacó que, aunque se trata de un ajuste técnico, la propuesta representa un paso importante en el reconocimiento del derecho a la información, la dignidad y la autonomía personal.

Ambas acciones legislativas refrendan el compromiso de las bancadas del PAN y PRD con una agenda de inclusión y derechos humanos, orientada a eliminar barreras y promover el reconocimiento pleno de todas las personas en el estado de Guanajuato.

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Una de las propuestas, presentada por la diputada Jared González Márquez, plantea reformas al Código Territorial del Estado para garantizar que las plantas de tratamiento de aguas residuales operen de manera adecuada, con apego a la ley y bajo criterios de transparencia.

La iniciativa establece que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente coordine acciones con los 46 municipios de la entidad para asegurar la correcta operación, mantenimiento y modernización de estas infraestructuras. Además, se contempla que los ayuntamientos planifiquen y reporten de forma periódica las labores de conservación de las plantas tratadoras.

Como parte del esquema de rendición de cuentas, los municipios deberán contar con un registro público y georreferenciado que incluya datos sobre la ubicación de las plantas, los volúmenes de agua tratada, los procesos aplicados y la normatividad vigente. A ello se suma la obligación de los organismos operadores de garantizar su funcionamiento continuo, gestionar recursos para su rehabilitación y someterse a evaluaciones externas.

En materia de ordenamiento territorial, la diputada Angélica Casillas Martínez presentó la iniciativa para crear la Ley de Catastro del Estado de Guanajuato, orientada a mejorar los servicios públicos y fortalecer el desarrollo urbano. La propuesta busca modernizar los catastros municipales para contar con información actualizada que permita una planeación urbana más eficiente y una gestión sustentable del suelo.

Dentro de este planteamiento se considera la creación del Sistema de Información Catastral del Estado de Guanajuato, el cual concentrará en una sola plataforma los datos catastrales del estado, los municipios y la ciudadanía, facilitando el acceso a información confiable y ordenada.

Finalmente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, dio a conocer una iniciativa para crear la Ley de Regularización de Asentamientos Humanos, con la finalidad de garantizar el derecho de las familias guanajuatenses a vivir en espacios seguros, con certeza jurídica y servicios básicos.

El legislador destacó que esta propuesta busca agilizar los procesos de regularización de asentamientos irregulares, reconociendo el esfuerzo de las familias por consolidar su patrimonio y brindar estabilidad a las futuras generaciones.

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