El arresto se efectuó tras trabajos de inteligencia y un cateo en un domicilio de la colonia San Javier. La acción estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). Tras su captura, Alma Rosa “N” quedó a disposición del Ministerio Público federal para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones, “La Leona” operaba en el reclutamiento de personas para el CJNG, grupo delictivo con fuerte presencia en Jalisco. También se le vincula sentimentalmente con José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, detenido en marzo de 2025 en Ciudad de México y señalado como presunto encargado de entrenamiento y captación de personas para el cártel.

El operativo está relacionado con las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente usado para entrenamiento y captación de integrantes del crimen organizado. En el lugar se aseguraron objetos personales que forman parte de las evidencias bajo análisis por las autoridades.

La detención de “La Leona” refuerza los esfuerzos federales para desarticular las redes de reclutamiento del CJNG en Jalisco, donde la seguridad pública sigue siendo un desafío. Las autoridades continúan con las diligencias y el análisis de evidencias relacionadas con el caso.

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El juicio oral comenzó el pasado 1 de julio ante un Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado. Durante las audiencias, Lennin “N” —también identificado como Kevin “N”—, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N” enfrentaron cargos por su presunta participación en los hechos registrados en septiembre del año pasado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora sentenciados fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional tras atender un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho rancho. A su llegada, los uniformados fueron agredidos con disparos, por lo que repelieron la agresión y lograron ingresar al inmueble, donde detuvieron a los diez sujetos. En el lugar fue localizada una persona sin vida y dos más fueron liberadas, quienes se encontraban privadas de su libertad.

Tras la presentación de los alegatos de clausura y su análisis por parte del tribunal, este 7 de julio se dictó un fallo condenatorio contra los acusados por la comisión de los tres delitos y sus respectivas agravantes.

Tras la audiencia, las diez personas fueron condenadas a 141 años de prisión cada una, tras ser halladas culpables de los delitos de desaparición y homicidio. Además de la sentencia, deberán pagar casi 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y de mantener acciones constantes para el esclarecimiento de los casos de desaparición en la entidad.

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La aprehensión fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ejecutaron una orden judicial en contra del funcionario municipal. Tras su captura, Murguía Santiago fue trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos ante un juez federal.

El Rancho Izaguirre, ubicado en los alrededores de Teuchitlán, cobró relevancia nacional en marzo pasado, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó restos humanos, prendas y objetos personales que indicaban la existencia de un posible centro de exterminio y entrenamiento vinculado al CJNG.

Según fuentes del Gabinete de Seguridad consultadas por medios nacionales, el alcalde habría incurrido en omisión de funciones al no actuar pese a tener conocimiento de las actividades ilícitas que se realizaban en dicho predio.

La FGR lo investiga por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada y encubrimiento. La detención de Murguía Santiago se da en el marco de un operativo federal para combatir estructuras criminales en Jalisco, uno de los estados con mayor presencia del CJNG.

La situación jurídica del alcalde será definida en las próximas horas, una vez que comparezca ante un juez de control. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del ayuntamiento de Teuchitlán.

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La intervención federal se dio a raíz de la aprehensión de José Gregorio “N”, alias El Lastra, quien fue consignado ante un juez por delitos relacionados con delincuencia organizada. A partir de este hecho, el caso pasó a ser de competencia federal, y se abrió una nueva carpeta de investigación.

Gertz Manero subrayó que la fiscalía de Jalisco está obligada a entregar todas las pruebas recabadas hasta el momento, incluyendo bienes, documentos, prendas y elementos óseos hallados en el lugar. “Esto se debe llevar con exactitud procesal absoluta. Nos tienen que dar cuenta, y lo están haciendo, de todas las acciones e intervenciones que hayan realizado”, indicó.

Asimismo, responsabilizó a la fiscalía estatal por el desorden registrado el viernes pasado, durante un recorrido en el rancho con medios de comunicación y colectivos de víctimas, que —dijo— se realizó sin notificación previa y con poca anticipación.

Sobre la posible citación al ex gobernador Enrique Alfaro, el fiscal Gertz comentó: “No se me adelante. Primero estamos tomando posesión. Vamos a ver qué encontramos, a darlo a conocer, a transparentar todo lo que ha ocurrido”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que hasta el momento no existen indicios de que el rancho Izaguirre haya sido un campo de exterminio. “Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio o tortura, a que sea un campo de exterminio”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema, destacando que su administración no permite montajes ni pactos de silencio. “Hoy las cosas están en manos de las fiscalías, porque no se trata de un asunto político, sino de justicia. Si hay delito, tiene que perseguirse”, puntualizó.

El fiscal general concluyó que la detención de ‘El Lastra’ ha sido clave para el inicio de esta investigación. Al momento de su captura se le aseguraron armas de fuego y droga, y confesó ser quien llevaba personas al rancho. El juez dictó auto de formal prisión y lo vinculó a proceso.

Las investigaciones federales continuarán con peritajes y la revisión detallada del inmueble, con el objetivo de esclarecer plenamente lo ocurrido en el rancho Izaguirre y deslindar responsabilidades.

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