Los operativos se llevaron a cabo en plantaciones operadas por la empresa Glass House Farms, una localizada en Carpintería, condado de Santa Bárbara, y otra en Camarillo, en el condado de Ventura. Ambos sitios están situados a menos de 150 kilómetros de Los Ángeles.

Según reportes de medios locales, los agentes arribaron en vehículos militares y detuvieron a un centenar de trabajadores antes de que se desataran protestas en los alrededores. Durante el enfrentamiento, los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y municiones no letales contra los manifestantes, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales y confirmados por el diario Los Angeles Times.

El Departamento de Bomberos trasladó a cuatro personas a hospitales cercanos, mientras que otras tres fueron atendidas en el lugar por lesiones menores. La organización 805 Immigration Coalition reportó que alrededor de 500 personas se congregaron cerca de las instalaciones con banderas mexicanas, exigiendo el cese de las redadas y denunciando que incluso ciudadanos estadounidenses habrían sido detenidos por error.

La representante demócrata por California, Salud Carbajal, denunció que se le negó el acceso al área de la redada en Carpintería. También se informó que un integrante del concejo municipal resultó lesionado durante el altercado.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó un protocolo de atención y puso a disposición de la comunidad mexicana en la zona los números de emergencia consular: 1 (805) 627 3520 y 1 (520) 623 7874, con el fin de brindar asistencia y protección a los connacionales afectados.

En paralelo, la polémica en torno a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump se intensificó luego de que un juez federal de Nueva Hampshire emitiera una orden para bloquear a nivel nacional el decreto que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres migrantes en situación irregular o con estadía temporal. La medida fue suspendida por siete días para dar paso a una posible apelación.

Mientras tanto, continúan las denuncias de abusos en el centro de detención “Alcatraz de los Caimanes” en Florida, donde migrantes relatan condiciones infrahumanas como comida infestada de gusanos, falta de agua potable y atención médica, y trato degradante por parte del personal.

En otro frente, Mahmoud Khalil, líder estudiantil de las protestas pro palestinas en campus universitarios estadounidenses, demandó al gobierno federal por 20 millones de dólares, tras denunciar un arresto ilegal llevado a cabo por agentes migratorios.

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Al pronunciarse sobre la reciente redada migratoria en Los Ángeles, California, en la que fueron detenidos 35 connacionales, Sheinbaum informó que ya son atendidos por el Gobierno de México. Indicó que dio instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a la red consular para brindar el respaldo necesario.

“Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien. No son criminales. Tienen toda la solidaridad de su gobierno”, declaró.

La mandataria federal se manifestó en contra de cualquier forma de violencia para abordar el fenómeno migratorio. Consideró que es indispensable construir una nueva reforma migratoria integral y enfatizó que el diálogo debe prevalecer por encima de la confrontación.

“No es con redadas ni con violencia como se va a atender este fenómeno. Se requiere una reforma que tome en cuenta a todos los mexicanos que viven del otro lado de la frontera”, sostuvo.

Sheinbaum también recordó que su administración impulsa el programa México te Abraza, enfocado en apoyar a quienes decidan regresar al país, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Durante su visita, encabezó la apertura de las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana, que beneficiarán a más de 1.5 millones de niñas y niños. Estas instalaciones amplían los servicios de atención de tercer nivel y representan una inversión de 915 millones de pesos.

El complejo hospitalario incluye 142 camas censables, 145 no censables, 52 consultorios y siete quirófanos. El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que la torre de cardiología incrementará las consultas anuales de 4,195 a más de 14,000, mientras que las cirugías pasarán de 227 a más de 560. En oncología pediátrica, las quimioterapias aumentarán de 710 a más de 1,200.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, calificó esta obra como un acto de “Humanismo Mexicano”, por su impacto en la salud infantil. También estuvieron presentes funcionarios del gabinete federal, autoridades estatales y municipales.

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Las acciones, llevadas a cabo entre el viernes 6 y el sábado 7 de junio, incluyeron cateos en almacenes, comercios y estacionamientos. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos 44 personas fueron detenidas por presuntas violaciones a la ley migratoria. Uno de los casos más comentados fue la detención de David Huerta, conocido líder sindical, acusado de obstruir el operativo.

Ante el despliegue de fuerzas federales, cientos de ciudadanos salieron a las calles en señal de protesta. En zonas como Paramount, el centro de Los Ángeles y Compton, manifestantes bloquearon vehículos oficiales y exigieron el fin de las redadas. En respuesta, los agentes antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los inconformes. También se registraron incendios menores y enfrentamientos directos con las autoridades.

La magnitud del conflicto llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a firmar un memorando para movilizar hasta 2,000 elementos de la Guardia Nacional federalizada al condado de Los Ángeles. Al cierre del domingo, al menos 300 efectivos ya se encontraban en la zona, mientras que unidades militares en Camp Pendleton permanecen en alerta ante cualquier escalada de violencia.

La operación forma parte de la estrategia federal denominada Operación Safeguard, implementada desde enero de este año, la cual tiene como objetivo intensificar la detención de personas indocumentadas con antecedentes penales, principalmente en ciudades consideradas “santuarios”.

El gobierno local expresó su desacuerdo con el operativo. La alcaldesa Karen Bass condenó las redadas, calificándolas de “brutales” y advirtiendo que siembran el terror entre las familias migrantes. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom criticó la decisión del Ejecutivo federal, al señalar que este tipo de acciones no hacen más que agravar la polarización y provocar inestabilidad social.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre posibles abusos en los procedimientos, además de cuestionar la constitucionalidad del uso de tropas federales en tareas civiles. Diversos colectivos anunciaron que presentarán recursos legales para frenar la militarización de las redadas y defender los derechos de los migrantes.

Se prevé que las redadas continúen durante las próximas semanas, por lo que las autoridades locales han instado a la comunidad a mantenerse informada, documentar cualquier abuso y acudir a canales legales en caso de detenciones arbitrarias.

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Las operaciones, llevadas a cabo con el apoyo del FBI, la ATF y la DEA, se intensificaron durante el fin de semana en estados como Illinois, Arizona, California, Colorado, Nebraska y Texas. Los arrestos se distribuyeron de la siguiente manera: 593 personas el viernes, 286 el sábado, 956 el domingo y 1,179 el lunes.

En Georgia, las acciones se centraron en ciudades como Atlanta, Savannah y Cartersville. En Augusta, siete mexicanos que viajaban en dos camionetas hacia una obra de construcción fueron detenidos mientras cargaban gasolina. “Se los llevaron y ahora no se sabe dónde están”, declaró Luis Villeda, un constructor cercano a los detenidos, en entrevista con MILENIO.

Además de las redadas, el ICE emitió 2,277 órdenes de retención migratoria a diversas agencias federales, estatales y locales, incluyendo cárceles y prisiones. Estas órdenes tienen como objetivo notificar al ICE «tan pronto sea posible» cuando se libere a ciudadanos indocumentados, con miras a su deportación.

Las detenciones han generado preocupación entre las comunidades de inmigrantes, especialmente por la falta de información sobre el paradero de los detenidos. Organizaciones de derechos humanos han criticado las acciones, argumentando que afectan a personas que buscan asilo o que contribuyen a la economía local.

Mientras tanto, el ICE ha defendido las operaciones como parte de su mandato para hacer cumplir las leyes de inmigración y garantizar la seguridad nacional.

Estas redadas reflejan la postura firme del gobierno de Trump hacia la inmigración indocumentada, un tema que sigue siendo polémico y divisivo en Estados Unidos. Las comunidades afectadas esperan respuestas claras sobre el destino de los detenidos y el proceso que seguirá en cada caso.

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