El anuncio se dio a conocer a través de un posicionamiento oficial, luego de que la compra de estas unidades generara críticas y cuestionamientos en la opinión pública, particularmente por su alto costo y por el contexto de austeridad que se exige al ejercicio del gasto público.

De acuerdo con la información difundida, las y los integrantes del máximo tribunal del país determinaron prescindir del uso de los vehículos, y plantearon que, en caso de no ser posible su devolución, las camionetas podrían ser destinadas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos de seguridad, siempre bajo los lineamientos legales aplicables.

La adquisición de las camionetas Grand Cherokee blindadas formó parte de un proceso de renovación vehicular del Poder Judicial. Sin embargo, el tema cobró relevancia nacional tras conocerse que se trataba de unidades de alta gama con blindaje, cuyo costo por vehículo asciende a varios millones de pesos, dependiendo de sus características.

Ante la polémica, la SCJN reiteró su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos públicos, y adelantó que se brindará mayor información sobre el destino final de las unidades y los pasos administrativos que se seguirán.

La decisión representa un ajuste en la política interna del máximo órgano judicial, en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre el gasto público, la rendición de cuentas y las condiciones de seguridad de los altos funcionarios del Estado mexicano.

Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan…

— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026

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El caso se originó cuando la madre del menor promovió un juicio ordinario debido a las agresiones y burlas que su hijo sufría. Aunque inicialmente el juzgado declaró que la acción había prescrito, la Sala correspondiente revocó esta decisión, reconociendo que la acción era válida y que existían elementos que acreditaban el acoso escolar. Posteriormente, la parte demandada presentó un amparo directo, y el Tribunal Colegiado determinó que no se había comprobado el acoso.

Ante esta situación, PEPNNA Guanajuato interpuso un recurso de revisión, argumentando que la resolución del Tribunal Colegiado contravenía la normativa internacional sobre protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La SCJN admitió el recurso, destacando la relevancia de evaluar estos casos bajo el principio del interés superior de la infancia y de aplicar los estándares internacionales de protección de los derechos infantiles. En sesión del 3 de diciembre, el Pleno aprobó por unanimidad el proyecto, señalando:

• El Tribunal Colegiado aplicó incorrectamente un criterio previo de la Suprema Corte sobre bullying, lo que llevó a una valoración inadecuada de las conductas denunciadas.

• No es necesario que todos los actos de violencia sean de la misma naturaleza para que se configure acoso escolar.

• Las autoridades deben analizar los casos desde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, con un enfoque integral y diligencia reforzada.

Tere Palomino Ramos, titular de PEPNNA Guanajuato, afirmó que este precedente “fortalece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia y obliga a todas las instituciones a actuar con mayor sensibilidad, claridad jurídica y responsabilidad”.

Asimismo, destacó el respaldo constante de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien ha reafirmado que en Guanajuato “la niñez y la adolescencia son el eje central de las políticas públicas y de las acciones para garantizar una vida libre de violencias”.

Este criterio de la Suprema Corte establece un precedente nacional importante, reforzando los mecanismos de protección contra el bullying y consolidando el interés superior de la infancia como eje central en el análisis y actuación de las autoridades.

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La iniciativa surge tras la declaración de inconstitucionalidad de los artículos que criminalizan el aborto, por considerar que vulneran los derechos humanos de las mujeres. Con esta reforma, se pretende que la legislación local se ajuste a la jurisprudencia federal y se elimine la criminalización de mujeres y niñas que deciden interrumpir su embarazo.

Durante su intervención, Pedroza enfatizó la gravedad de la maternidad infantil y adolescente en Guanajuato. Citó datos oficiales que evidencian la urgencia de la reforma:

• 1,316 niñas de entre 10 y 14 años han sido obligadas a ser madres en los últimos años
• En 2024, se registraron 12,099 nacimientos en niñas y adolescentes, de los cuales 387 correspondieron a niñas de 10 a 14 años
• La mayoría de estos embarazos son consecuencia de abuso, coerción y violencia
• Más de la mitad de las niñas afectadas abandonan la educación secundaria, truncando sus sueños y oportunidades

Pedroza aclaró que la despenalización no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que garantiza que quienes lo necesiten puedan tomar la decisión sin miedo, persecución ni castigo.

La legisladora concluyó su posicionamiento con un llamado a la acción: “Es momento de que ninguna mujer sea criminalizada ni perseguida por decidir no ser madre. Es momento de hacer lo correcto. Guanajuato despenaliza YA”.

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En Tamaulipas, cuatro jueces —Anabel Almazán Botello, Yaritza Adziry Bonilla Molina, Javier Colunga Reséndiz e Ivonne González Salinas— dejaron sus cargos días después de asumir. La mayoría contaba con experiencia limitada en el ámbito judicial. Los suplentes asumirán funciones el 30 de septiembre.

En Durango, Héctor Zaragoza Solís, empresario y presidente de la Unión de Turistas y Comerciantes, renunció antes de tomar protesta, argumentando motivos de salud. Su designación había generado debate por su perfil ajeno a la carrera judicial.

En Veracruz, la jueza Verónica Loyo Chacón dejó el cargo en materia laboral tras rechazar la adscripción asignada, pese a contar con estudios de posgrado y trayectoria en la Secretaría del Trabajo.

En el Estado de México, el Congreso local aprobó en enero la renuncia de 20 magistrados, incluido el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar. La dimisión les permitió conservar el “haber de retiro” antes de que la reforma eliminara este beneficio.

La reforma judicial, que introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha sido señalada por críticos como un riesgo para la calidad de la impartición de justicia debido a la falta de experiencia de algunos perfiles electos. Sus defensores sostienen que el modelo democratiza el acceso a los cargos y fortalece la legitimidad de los juzgadores.

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De las 1,711 plazas existentes, únicamente 830 permanecerán bajo la responsabilidad de juzgadores designados mediante el concurso de oposición vigente desde 1995, sistema que quedó sustituido por la elección popular.

Del total de 863 plazas sorteadas para participar en la elección del pasado 1 de junio, 487 jueces y magistrados declinaron contender, jubilándose o renunciando desde finales del año pasado. Aquellos que permanecían en funciones debieron dejar sus cargos el 31 de agosto. Entre ellos destacan 332 magistrados de circuito que ya cumplían con los requisitos para jubilarse y recibir pensión complementaria del ISSSTE.

Por otra parte, 376 juzgadores participaron en la contienda electoral, pero solo 80 resultaron electos, incluyendo 25 magistrados y 55 jueces. Los 296 derrotados dejaron sus puestos conforme a lo estipulado por la Constitución.

En cuanto a las 848 plazas no sorteadas, estas no se someterán a elección hasta 2027. Sin embargo, ya se registran 98 vacantes en este grupo, que deberán ser ocupadas temporalmente por secretarios en funciones durante los próximos dos años.

En total, continuarán trabajando 750 jueces y magistrados no sorteados para la elección de 2025, junto con los 80 electos, lo que representa apenas el 48.5 por ciento del total de plazas. Las vacantes restantes serán ocupadas por nuevos jueces y magistrados electos, algunos con experiencia en el Poder Judicial, y otros sin antecedentes en labores judiciales.

Hace tres semanas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) intentó retener a cien juzgadores que debían dejar sus cargos el 1 de septiembre, argumentando vulnerabilidad, pero la medida no alcanzó los votos necesarios. La Ministra Presidenta Norma Piña explicó que la Constitución exige que quienes dejaron su cargo en 2025, y no fueron electos, no pueden ser reasignados a plazas vacantes de 2027, respetando así la decisión ciudadana.

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Durante su informe de cierre, Piña enfatizó que el tribunal respondió a críticas y calumnias mediante sentencias, evitando la confrontación pública. Esta declaración se enmarca en el contexto de los ataques provenientes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, que llevaron a la reciente reforma judicial y a la elección de nuevos integrantes del Poder Judicial que tomarán posesión a partir del 1 de septiembre.

En su último mensaje ante el Pleno, y ante la ausencia de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y del ministro Alfredo Gutiérrez, la ministra Piña destacó que la Judicatura cumplió al menos el 93% de sus objetivos y operó en condiciones de “asedio y agresión”, manteniendo la firmeza en los principios constitucionales.

Piña subrayó que la independencia judicial se ejerce y no se ostenta, y que la justicia debe combinar sensibilidad social con exigencia técnica. Señaló que la coherencia doctrinal genera certeza jurídica y que los ataques deben siempre estar respaldados con pruebas.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que continuará en la Suprema Corte junto a las ministras Batres y Esquivel, reconoció que el Poder Judicial de la Federación mostró autocomplacencia y no siempre logró corregir errores estructurales. Durante su informe como presidenta de la Primera Sala, que desaparecerá por mandato de la reforma judicial, enfatizó la necesidad de superar la autocomplacencia en esta etapa de transición.

Con la entrada de nuevos ministros a partir del 1 de septiembre, se cierra un ciclo en la Suprema Corte marcado por desafíos, reformas y la defensa de la independencia judicial en un contexto político complejo.

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La Mesa Directiva del Senado, encargada de la organización de la histórica toma de protesta de 881 juzgadores federales, decidió que Guerrero rendirá protesta una vez que se recupere por completo, para garantizar la solemnidad del acto. La medida permite que la Corte inicie funciones mientras se espera la recuperación del ministro.

Guerrero solicitó previamente rendir protesta de manera virtual, fuera del recinto legislativo, pero la petición fue rechazada por considerarse que esta modalidad podría restar seriedad al acto, catalogado como un evento histórico por el oficialismo del Senado.

Para facilitar la participación de familiares de magistrados y jueces que acudirán desde distintos puntos del país, el Senado alquiló el hotel Sevilla Palace, donde podrán hospedarse durante la ceremonia del 1 de septiembre.

El evento tendrá estrictas medidas de logística y seguridad. La toma de protesta se realizará por grupos en horarios definidos y en dos zonas del pleno: planta baja y primer balcón. La primera fase incluirá a los ocho nuevos ministros de la Corte, seguido por los magistrados de Sala Superior, magistrados de salas regionales y magistrados de disciplina. Posteriormente, ingresarán los magistrados de circuito y jueces de distrito. Cada juzgador podrá ser acompañado por un solo familiar.

Al finalizar la ceremonia, los integrantes de la SCJN subirán a la tribuna para la fotografía oficial junto a la Mesa Directiva del Senado.

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Serán 869 las vacantes entre jueces, magistrados y personal de distintos niveles, tras una ola de jubilaciones y retiros anticipados ocurridos entre enero de 2024 y mayo de 2025, impulsados por la presentación de la reforma judicial. Tan solo hasta mayo pasado, 205 secretarios en funciones de jueces y magistrados ya habían dejado sus cargos, según datos de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

A esta cifra podrían sumarse las plazas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine como imposibles de cubrir, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarara inelegibles a 46 aspirantes por no cumplir con los requisitos necesarios.

A pesar de la magnitud del problema, ni la reforma judicial ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —reformada en diciembre pasado— especifican con claridad cómo deberán cubrirse estas vacantes. Solo se menciona en el artículo transitorio 29 del artículo 80 que el naciente Órgano de Administración Judicial podrá designar interinos, pero sin reglas claras que regulen ese proceso.

Expertos advierten que esta falta de normatividad podría abrir la puerta a designaciones discrecionales. Laurence Pantin, cocoordinadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, señaló que este escenario puede propiciar la permanencia condicional de los juzgadores, cuya continuidad en el cargo dependería del tipo de resoluciones que emitan y si cumplen con las expectativas de las autoridades administrativas.

Hasta el 31 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encarga de suplir las vacantes con secretarios con carrera judicial a través de listas acreditadas. No obstante, dichos encargos concluirán ese mismo día, dejando sin efecto el mecanismo actual.

Otro punto sin resolver es la instalación del Órgano de Administración Judicial, cuya integración está prevista también para el 1 de septiembre, el mismo día en que se instalará el Tribunal de Disciplina Judicial. La Constitución establece que estará conformado por cinco personas: una designada por el Ejecutivo Federal, otra por el Senado y tres por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, advirtió que la falta de anticipación en los nombramientos provocará un retraso inmediato en la administración de justicia, pues dicho órgano también será responsable de adscribir a los 881 juzgadores electos en los órganos jurisdiccionales correspondientes antes del 15 de septiembre.

«En el mejor de los casos, tendremos justicia hasta los últimos días de agosto. Pero en septiembre no vamos a tener justicia. Hay criterios vigentes que señalan que no pueden pasar varios días sin que se celebren audiencias», expresó.

En tribunales colegiados de apelación o de circuito, no es posible sesionar si no hay tres personas juzgadoras; además, en órganos como los tribunales laborales o centros de justicia penal federal, se requiere la presencia completa del personal juzgador para operar.

Joel Ojeda Romo, exjuzgador federal con 32 años de servicio, indicó que su retiro anticipado provocará un rezago inmediato, pues el secretario que lo suplirá no podrá enlistar nuevos casos durante al menos dos semanas, tiempo que se utiliza para notificar a las partes y permitir que manifiesten posibles impedimentos.

«Se otorgan de tres a cinco días para dar vista a las partes en juicio, pero en ese lapso el juzgador no puede avanzar con nuevos asuntos, lo que inevitablemente provoca demoras», explicó.

A medida que se acerca septiembre, crece la preocupación entre juristas y especialistas por el inicio de un nuevo modelo judicial que podría comenzar con una justicia parcial o detenida, sin reglas claras ni personal suficiente para operar con normalidad.

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Con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN determinó que la condena de González Lomelí se basó en pruebas obtenidas bajo tortura y violaciones graves al debido proceso, por lo que su detención y sentencia fueron declaradas inconstitucionales.

Pruebas fabricadas y tortura, determinantes en la sentencia

El proyecto, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concluyó que la declaración inicial de Juana Hilda —clave en la acusación— fue obtenida mediante tortura, lo que invalida todas las pruebas derivadas de esa confesión, como la supuesta aparición de una gota de sangre en un departamento vinculado al caso y una licencia de conducir de la víctima, documentos que habrían sido manipulados.

El fallo enfatiza que no existe manera de subsanar las violaciones cometidas durante la investigación, por lo que no se abrirá un nuevo juicio, sino que se otorga la libertad absoluta.

Posible efecto dominó en otros implicados

La decisión también podría impactar a otros acusados en el mismo caso, como Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, cuyas detenciones se basaron en la misma línea de investigación y presuntas pruebas ilícitas. El criterio de la Corte podría facilitar la revisión de sus expedientes y una eventual liberación.

El caso Wallace, bajo la lupa

El caso de Hugo Alberto Wallace, reportado como desaparecido en 2005, se convirtió en uno de los expedientes más mediáticos del país gracias a la intensa campaña pública impulsada por su madre, Isabel Miranda de Wallace, quien fue reconocida como activista contra el secuestro.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y denuncias de organismos de derechos humanos han señalado desde hace años que el caso estaría sustentado en un presunto montaje judicial, con testimonios manipulados, tortura, fabricación de pruebas y contradicciones en torno a la existencia misma de la víctima.

Isabel Miranda falleció en marzo de 2025, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de su activismo y los métodos utilizados para sostener la narrativa del caso.

Un precedente para la justicia penal en México

La sentencia de la Suprema Corte representa un parteaguas en el sistema de justicia mexicano, al reforzar que ninguna condena puede sostenerse sobre violaciones a derechos humanos. Asimismo, envía un mensaje sobre la responsabilidad del Estado en la reparación del daño a personas que han sido injustamente privadas de su libertad.

Con esta resolución, Juana Hilda González Lomelí recupera su libertad tras casi 20 años de encierro, en lo que diversas organizaciones consideran una de las detenciones más emblemáticas de fabricación de culpables en México.

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Rezago acumulado y mayor carga para el pleno

Actualmente, la SCJN cuenta con un rezago total de 1,248 asuntos pendientes: 509 en la Primera Sala, 111 en la Segunda Sala y 628 en el pleno. A partir del 1 de septiembre, las salas dejarán de operar, por lo que el pleno, que reducirá su número de ministros de 11 a 9, tendrá la responsabilidad exclusiva de resolver todos los casos.

En 2023, la Primera Sala, la Segunda Sala y el pleno resolvieron un total de 4,299 asuntos, mientras que en 2024 la cifra bajó a 3,853. Sin embargo, con la nueva estructura y el volumen pendiente, el reto para los ministros será mayúsculo.

Inexperiencia y presión judicial

De los nueve ministros electos en las elecciones del 1 de junio, solo tres cuentan con experiencia previa en la Corte: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel. Los otros seis deberán enfrentarse a una curva de aprendizaje acelerada, ya que la reforma judicial obliga a resolver cada caso en un plazo máximo de seis meses desde que se conozca el asunto.

Quienes no cumplan con este plazo deberán justificar sus demoras ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que tiene facultades para imponer amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas o incluso la destitución.

Críticas y riesgos de politización

Especialistas y académicos han señalado que esta nueva etapa de la SCJN es producto de una reforma impulsada desde una visión ideológica, que podría afectar la calidad y la independencia judicial.

El politólogo Sebastián Godínez, de la UNAM, señaló que el proceso buscó «capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo», advirtiendo que el Tribunal de Disciplina Judicial probablemente será indulgente con los ministros debido a su afinidad política.

Por su parte, el constitucionalista Francisco Burgoa calificó la elección como una “simulación”, afirmando que el cumplimiento del plazo de seis meses es muy difícil dada la complejidad de los asuntos constitucionales, y que la presión podría derivar en resoluciones apresuradas o sesgadas políticamente.

Ambos especialistas coincidieron en la probabilidad de una avalancha de justificaciones presentadas al TDJ y cuestionaron la independencia de este órgano.

Casos pendientes de alto impacto

Se espera que algunos asuntos pendientes se resuelvan antes del cambio de ministros. Entre ellos destacan:

• Acción de inconstitucionalidad 129/2023, que impugna la reforma en materia de concesiones para minería y agua
• Acción de inconstitucionalidad 78/2022, sobre la reforma que declaró al litio como propiedad de la nación y prohibió concesiones a particulares
• Acción de inconstitucionalidad 136/2019, que cuestiona la ampliación de prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
• Acción 49/2022, que impugna reformas electorales y la Ley de Revocación de Mandato
• Amparo en revisión 39/2022, promovido por la organización R3D, contra la creación del Banco de ADN por posibles violaciones a la privacidad

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