Durante el juicio oral, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro presentó pruebas contundentes que demostraron que el sentenciado planificó el delito y contrató a terceros para privar de la libertad a la víctima. Los hechos ocurrieron en agosto de 2023, cuando la persona fue interceptada al exterior de un centro educativo.

De acuerdo con la investigación ministerial, el móvil del crimen fue una disputa patrimonial, ya que el exrector pretendía presionar al padre de la víctima para firmar documentos legales en su beneficio. Bajo amenazas contra su familia, los afectados accedieron a las exigencias, lo que derivó en la liberación de la víctima horas después y la firma de los documentos días más tarde.

Tras el análisis de las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia que incluye, además de la pena privativa de la libertad, una multa económica y la reparación integral del daño.

Con este fallo, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia en delitos que vulneran la libertad e integridad de las familias en Guanajuato.

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