El dictamen, que modifica el apartado A del citado artículo, fue avalado por mayoría calificada: 121 votos en lo general y 103 a favor, 15 en contra en lo particular. Con ello, el proyecto avanza como una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años.

Aplicación gradual hasta 2030

De acuerdo con el artículo tercero transitorio, la reducción de la semana laboral será progresiva. En 2026 se mantendrán 48 horas; en 2027 se reducirá a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y finalmente en 2030 quedará establecida en 40 horas semanales.

El decreto también precisa que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Pago de horas extra y límites

La reforma establece que las horas extraordinarias deberán pagarse con un 100 por ciento adicional respecto al salario ordinario. Además, no podrán exceder de 12 horas por semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

En caso de superar ese límite, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas normales. Asimismo, se prohíbe que personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.

Posturas de los grupos parlamentarios

Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en que la reducción de la jornada representa un avance en materia de derechos laborales, aunque manifestaron diferencias sobre su aplicación.

Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se argumentó que México figura entre los países donde más se trabaja y menos se descansa, lo que impacta en la salud y calidad de vida de las personas. Se sostuvo que disminuir las horas no implica menor productividad, sino mejores condiciones para el bienestar integral.

Senadores de Morena calificaron la reforma como histórica, al incorporar en la Constitución la jornada de 40 horas sin afectar salario ni prestaciones. En tanto, legisladores del PAN señalaron que, aunque se trata de un paso en la dirección correcta, la aplicación hasta 2030 deja pendiente una implementación más inmediata.

Por su parte, representantes del PVEM destacaron que la medida fortalece el ingreso real y el principio de trabajo digno. Desde el PRI y Movimiento Ciudadano se planteó que aún es necesario garantizar dos días de descanso obligatorios y brindar mayor claridad en la aplicación de la norma.

En la sesión, el Pleno rechazó 18 reservas presentadas por legisladores de distintas bancadas, por lo que el proyecto fue remitido en sus términos a la Cámara revisora.

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Los integrantes del Equipo SEAL 2 participarán en la práctica denominada “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, programada del 15 de febrero al 16 de abril de 2026. El entrenamiento se llevará a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, y en la jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche.

El ingreso de los militares estadounidenses se realizará a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Además, el Senado instruyó a la titular del Ejecutivo Federal para que el secretario de Marina presente un informe sobre el ejercicio dentro de los 30 días posteriores a su conclusión.

La secretaria de la Comisión de Marina, Raquel Bonilla Herrera, recordó que la autorización para la entrada de militares extranjeros es una facultad exclusiva del Senado, lo que constituye un mecanismo de control democrático en materia de defensa y seguridad nacional. Subrayó que México mantiene su soberanía y que la cooperación internacional, como este ejercicio, no implica subordinación ni cesión de competencias, sino que fortalece las capacidades nacionales bajo conducción civil y control del Estado mexicano.

El tema generó posturas divididas entre los legisladores. El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, expresó que la entrada de militares estadounidenses “no debería aceptarse” debido a la falta de una actitud “sincera” por parte del gobierno de ese país. Por otro lado, Susana Zatarain García, del PAN, respaldó la autorización, pero solicitó que se informe sobre el ingreso de aeronaves militares estadounidenses en Toluca y Baja California.

Ruth González Silva, del PVEM, destacó que el intercambio de conocimientos entre México y Estados Unidos refuerza la seguridad y la soberanía, mientras que Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, enfatizó la importancia de aclarar la entrada de aeronaves extranjeras sin autorización del Senado. Finalmente, los senadores de Morena Lucía Trasviña Waldenrath y Manuel Huerta Ladrón de Guevara señalaron que se instruyó a la titular del Ejecutivo para que informe al Senado sobre el desarrollo del ejercicio.

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De acuerdo con el reportaje, el espacio se localizaba en una de las torres del recinto legislativo y estaba equipado con sillones, espejos, lavacabezas y material para servicios de estética como peinado, maquillaje y aplicación de tinte. El funcionamiento del lugar quedó documentado en video durante una jornada legislativa.

El material difundido por Proceso muestra a una legisladora recibiendo un servicio de belleza mientras se desarrollaba una sesión en el Pleno, lo que provocó críticas por parte de distintos sectores de la opinión pública y cuestionamientos sobre la pertinencia de este tipo de servicios dentro de la sede del Senado.

Tras la publicación, la Mesa Directiva del Senado aseguró que el salón no era financiado con recursos públicos y que los servicios eran pagados de manera individual por quienes los solicitaban. No obstante, horas después de que el caso se hiciera público, el espacio fue cerrado y sellado, sin que se ofreciera una explicación detallada sobre las condiciones en las que fue habilitado.

La revelación también generó reacciones entre legisladores de distintas bancadas, algunos de los cuales se deslindaron públicamente del funcionamiento del salón y pidieron aclarar bajo qué criterios se permitió su operación dentro del recinto legislativo.

El caso ocurre en un contexto en el que el Congreso ha promovido discursos de austeridad y eliminación de privilegios, lo que ha intensificado las críticas ciudadanas y la exigencia de mayor rendición de cuentas. Hasta el momento, no se ha informado si habrá una investigación administrativa para determinar responsabilidades.

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López Hernández, quien lideraba la bancada mayoritaria desde septiembre de 2024, explicó que su salida responde a una reestructuración de su labor política, con el objetivo de enfocarse en tareas estratégicas dentro del partido de cara a las elecciones federales de 2027. Aclaró que continuará como senador, pero con un perfil más centrado en la organización y fortalecimiento territorial de Morena.

En el mismo encuentro, los senadores eligieron a Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador de la bancada morenista, quien también asumirá la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Mier Velazco, con amplia experiencia legislativa, se comprometió a mantener la cohesión interna y a impulsar la agenda parlamentaria de Morena en el Senado.

El cambio de liderazgo ocurre en un momento estratégico para el partido, a pocos meses de iniciar formalmente el proceso electoral de 2027, por lo que se anticipa que Morena concentrará esfuerzos en unidad, estrategia política y fortalecimiento territorial.

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De acuerdo con la información oficial, la reforma contempla incrementos a más de mil fracciones arancelarias, con impuestos que van del 5% al 50%, dependiendo del tipo de mercancía. Entre los sectores más impactados destacan las autopartes, textiles, calzado, electrodomésticos y diversos bienes manufacturados utilizados en cadenas productivas nacionales.

La propuesta fue respaldada por las bancadas de Morena y el PVEM, quienes argumentaron que los nuevos aranceles buscan proteger la industria mexicana, frenar prácticas de competencia desleal y fortalecer la producción local ante la creciente entrada de productos de bajo costo provenientes de economías asiáticas.

Sin embargo, especialistas y cámaras empresariales han advertido posibles efectos adversos, como un aumento en los precios al consumidor y mayores costos para sectores que dependen de insumos importados. También alertaron sobre el riesgo de tensiones comerciales y posibles afectaciones en la competitividad.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa concluye su proceso legislativo y queda a la espera de su publicación para que los cambios arancelarios puedan aplicarse de manera oficial.

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La ceremonia, realizada el 5 de diciembre, también marcó el nombramiento de Estefanía Torres como Vicepresidente Internacional de este organismo, una posición que abre la puerta a nuevas redes de cooperación, intercambio de mejores prácticas de gobierno y participación en proyectos de impacto global.

Con este reconocimiento, la administración municipal 2024–2027 refuerza su objetivo de proyectar a Cortazar en la escena nacional e internacional, impulsando alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del municipio y al bienestar de las familias cortazarenses.

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Gertz Manero presentó su carta de renuncia señalando que la solicitud se derivaba de una propuesta del Poder Ejecutivo para asumir un cargo diplomático como embajador de México en un país extranjero. La decisión generó debate entre los legisladores, particularmente de la oposición, quienes cuestionaron que la situación constituyera una causa grave según la ley, señalando un posible vacío institucional.

La salida del titular de la FGR ocurre en un contexto de tensión histórica con su dependencia, marcada por críticas sobre su desempeño y decisiones polémicas. Durante su gestión, Gertz Manero enfrentó cuestionamientos por presunta parcialidad y centralización del poder en la Fiscalía, siendo el primer fiscal general autónomo desde la reforma de 2019.

Con su renuncia aprobada, el Senado iniciará el proceso de selección de un nuevo fiscal. Entre los posibles candidatos se mencionan nombres como Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, aunque hasta el momento no se han confirmado postulaciones oficiales. Se espera que el relevo en la FGR enfrente retos clave, como impunidad, corrupción y coordinación con fiscalías locales, en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos en materia de justicia.

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El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, detalló que la disminución presupuestal afectará al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al propio Poder Judicial Federal, que incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Monreal confirmó esta medida horas después de que el Órgano de Administración Judicial solicitara una ampliación presupuestal por 6 mil 500 millones de pesos, destinados al pago de indemnizaciones y prestaciones para jueces y magistrados en retiro.

La Cámara de Diputados tiene previsto iniciar la próxima semana la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, una vez que el Senado de la República haya aprobado la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Miscelánea Fiscal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo un llamado a los legisladores de Morena para asistir de manera presencial a las sesiones en San Lázaro, con el fin de avanzar en la discusión del dictamen presupuestal, primero en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y posteriormente en el Pleno.

“Ya estamos revisando el preproyecto del dictamen, independientemente del resultado que se tenga en el Senado. Si no hay modificaciones a la Ley de Ingresos, el documento ya está prácticamente listo”, señaló Monreal en entrevista.

Aunque la Cámara Baja tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el PEF 2026, se prevé que la discusión y votación del gasto federal se realicen la próxima semana, en cumplimiento de su facultad exclusiva para definir el destino de los recursos públicos.

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Tras la votación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó protesta a Andrea Marván Saltiel, quien ocupará el cargo por tres años; Ana María Reséndiz Mora, por cuatro; Óscar Alejandro Gómez Romero, por cinco; Ricardo Salgado Perrilliat, por seis; y Haydeé Soledad Aragón Martínez, por siete años.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que con la integración de la CNA, México avanza hacia una nueva etapa en materia de competencia económica, al tratarse de un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía.

“Con este dictamen damos cumplimiento al mandato de conformar el pleno de la CNA, lo que representa un paso decisivo para fortalecer la política de competencia en México. La política antimonopolio vuelve a enfocarse en proteger a los sectores más vulnerables frente al poder de las grandes empresas”, afirmó el legislador morenista.

Reyes Carmona destacó que una política antimonopolio efectiva busca garantizar que los mercados funcionen en beneficio de toda la población, especialmente de las familias con menores ingresos.

Por su parte, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su desacuerdo y advirtió que respaldar la conformación de la CNA implica avalar la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, los cuales, dijo, “eran esenciales como mecanismos de contrapeso en el sistema de gobierno”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las modificaciones buscan evitar abusos de deudores fiscales que, mediante el amparo, retrasan el pago de impuestos. Subrayó que este recurso seguirá siendo un instrumento jurídico indispensable, pero no podrá ser otorgado a empresas que hayan cometido fraude al erario.

La consejera jurídica Ernestina Godoy explicó que las reformas protegen el orden público y el interés social, incorporan herramientas para modernizar la justicia, ajustan recursos fiscales y homologan delitos que ameritan prisión preventiva.

Entre las leyes secundarias reformadas se encuentran:

• Código Nacional de Procedimientos Penales: plazo común de 5 días para actuaciones procesales, medidas de protección a personas juzgadoras, notificaciones digitales y reglas para detención en flagrancia
• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: alineación con el Código Nacional para proteger la seguridad de jueces y magistrados
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: plazo máximo de seis meses para juicios sumarios y criterios claros para suspensiones
• Ley de Amparo: digitalización plena del proceso, plazos definidos, reglas para suspensiones en congelamiento de cuentas y facultades a la UIF para obtener información financiera
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Código Fiscal de la Federación con ajustes para mayor eficiencia.

El coordinador general de política y gobierno, Arturo Zaldívar, aseguró que las reformas no restringen el acceso al amparo, sino que lo modernizan para evitar juicios prolongados sin afectar la defensa de los particulares.

Previo a la conferencia matutina, autoridades encabezaron el izamiento a media asta de la bandera nacional en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

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