El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, detalló que la disminución presupuestal afectará al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al propio Poder Judicial Federal, que incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Monreal confirmó esta medida horas después de que el Órgano de Administración Judicial solicitara una ampliación presupuestal por 6 mil 500 millones de pesos, destinados al pago de indemnizaciones y prestaciones para jueces y magistrados en retiro.

La Cámara de Diputados tiene previsto iniciar la próxima semana la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, una vez que el Senado de la República haya aprobado la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Miscelánea Fiscal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo un llamado a los legisladores de Morena para asistir de manera presencial a las sesiones en San Lázaro, con el fin de avanzar en la discusión del dictamen presupuestal, primero en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y posteriormente en el Pleno.

“Ya estamos revisando el preproyecto del dictamen, independientemente del resultado que se tenga en el Senado. Si no hay modificaciones a la Ley de Ingresos, el documento ya está prácticamente listo”, señaló Monreal en entrevista.

Aunque la Cámara Baja tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el PEF 2026, se prevé que la discusión y votación del gasto federal se realicen la próxima semana, en cumplimiento de su facultad exclusiva para definir el destino de los recursos públicos.

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Según el proyecto relacionado con el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se busca multar a un total de 118 personas que resultaron electas en cargos del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), tribunales distritales, así como a jueces y juezas.

Las sanciones oscilan entre los 27 mil y los 146 mil pesos, dependiendo del cargo y del nivel de exposición de cada persona. En el caso de los futuros integrantes de la SCJN, el próximo presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, sería multado con 39 mil 712 pesos. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz enfrentaría la sanción más alta dentro del grupo: 127 mil 508 pesos.

También se contemplan multas para otras figuras judiciales, como Yasmín Esquivel (95 mil 490 pesos), Lenia Batres (44 mil 690), María Estela Ríos (62 mil 905), Arístides Rodrigo Guerrero (40 mil 277), Giovanni Azael Figueroa (47 mil 179), Irving Espinosa (39 mil 599) y Sara Irene Herrerías (69 mil 15 pesos).

En el caso del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial —órgano que reemplazará al Consejo de la Judicatura— también se prevén sanciones. Celia Maya, próxima titular del tribunal, sería multada con 146 mil 884 pesos. Le siguen Eva Verónica de Gyves con 146 mil 632, Bernardo Bátiz con 133 mil 884, Rufino H. León con 39 mil 33, e Indira Isabel García con 27 mil 379 pesos.

El expediente incluye pruebas documentales y digitales sobre la difusión de los “acordeones”, entre ellas impresos físicos y publicaciones en cinco sitios web, incluido el portal “Juristas por la Transformación”. Según el proyecto, estos materiales representaron una ventaja indebida para las candidaturas señaladas, por lo que se consideran una aportación prohibida.

La Comisión de Fiscalización del INE planteó aplicar sanciones equivalentes al 10% del tope de gastos de campaña en cada caso, tomando en cuenta la capacidad económica de las personas involucradas y el nivel de visibilidad de sus campañas. En algunos casos, se considera únicamente una amonestación pública.

Aunque también fueron investigados Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presunto financiamiento de los “acordeones”, las denuncias en su contra fueron desechadas al no encontrarse pruebas concluyentes que acreditaran su participación directa.

Este procedimiento surge a partir de diversas denuncias relacionadas con el uso indebido de recursos públicos para la promoción de candidaturas judiciales, situación que podría haber vulnerado la equidad en una elección interna de carácter extraordinario y no partidista.

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Los magistrados confirmaron la resolución de la Sala Regional Especializada del TEPJF, la cual resolvió que Blanco cometió actos de exclusión política durante un acto cívico en Cuautla, Morelos, el 2 de mayo de 2023, en el marco del aniversario del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”. Durante dicho evento, el entonces gobernador impidió la participación de la legisladora en el presídium, además de dar instrucciones para restringirle el acceso al área principal. El Tribunal consideró que estas acciones constituyeron formas de violencia simbólica y psicológica que menoscabaron su derecho al ejercicio del cargo y visibilizaron una conducta discriminatoria por razones de género.

La denuncia fue presentada por la propia exdiputada Guerra Mena. Inicialmente fue desestimada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), sin embargo, el TEPJF revocó esa decisión y ordenó analizar el caso a fondo, al considerar que existían elementos que configuraban violencia política en razón de género.

Como parte de la sanción, el TEPJF ordenó inscribir a Cuauhtémoc Blanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE). Dicha inscripción tendrá una vigencia de 18 meses, lo que implica que Blanco queda inhabilitado para contender por cargos de elección popular durante ese periodo, poniendo en entredicho sus aspiraciones políticas a corto plazo dentro del partido Morena.

La sentencia ocurre en un contexto complicado para el exfutbolista, quien también ha enfrentado otras acusaciones, como una denuncia de violación interpuesta por su media hermana, misma que fue desechada por la Cámara de Diputados en marzo de este año. A pesar de ello, la resolución establece un precedente relevante en la lucha contra la violencia política de género y refuerza la postura del Tribunal en cuanto a la protección efectiva de los derechos político-electorales de las mujeres.

Aunque Blanco aún podría impugnar esta sentencia ante la Sala Superior del TEPJF, especialistas consideran que las probabilidades de revertir la resolución son reducidas, dada la contundencia de los hechos acreditados por el tribunal.

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Fernández explicó que el Senado y la Cámara de Diputados enviaron el pasado domingo tres cartas dirigidas a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en las que solicitan el retiro de las candidaturas en cuestión. De acuerdo con los legisladores, 18 de los aspirantes tienen antecedentes cuestionables, como haber beneficiado a criminales con sus resoluciones, haber sido abogados de narcotraficantes o mantener vínculos públicos con el crimen organizado. Los otros ocho no cumplen con el promedio mínimo de 8 en su certificado de licenciatura.

“Si el INE se da por muerto, vamos al Tribunal Electoral. No veo mayor problema. Y si el Tribunal tampoco decide, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. El asunto estará resuelto”, afirmó Gerardo Fernández en entrevista.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, respaldó la postura y dijo que ambos esperarán la resolución oficial del INE antes de determinar las siguientes acciones. Señaló que los requisitos establecidos en la Constitución son obligatorios, y en caso de no cumplirse, “lo lógico sería que existiera una instancia para corregir esa circunstancia”.

Sin embargo, el martes, la consejera electoral Norma de la Cruz afirmó que ya no es posible que el INE retire candidaturas, lo que llevó al senador Fernández a cuestionar la supuesta facultad exclusiva del Senado para hacerlo.

“Reto al INE a que nos diga en qué parte de la Constitución se establece que el Senado tiene esa atribución. Es una interpretación; yo no creo que tengamos esa facultad”, subrayó el legislador.

Finalmente, Fernández aclaró que el Senado no hizo públicos los nombres ni datos de los candidatos cuestionados, para evitar acusaciones de injerencia o intento de influir en el voto ciudadano.

“Va a ser una extraordinaria elección; el pueblo está atento y sabrá decidir bien con su voto”, concluyó.

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