El juicio oral comenzó el pasado 1 de julio ante un Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado. Durante las audiencias, Lennin “N” —también identificado como Kevin “N”—, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N” enfrentaron cargos por su presunta participación en los hechos registrados en septiembre del año pasado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora sentenciados fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional tras atender un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho rancho. A su llegada, los uniformados fueron agredidos con disparos, por lo que repelieron la agresión y lograron ingresar al inmueble, donde detuvieron a los diez sujetos. En el lugar fue localizada una persona sin vida y dos más fueron liberadas, quienes se encontraban privadas de su libertad.

Tras la presentación de los alegatos de clausura y su análisis por parte del tribunal, este 7 de julio se dictó un fallo condenatorio contra los acusados por la comisión de los tres delitos y sus respectivas agravantes.

Tras la audiencia, las diez personas fueron condenadas a 141 años de prisión cada una, tras ser halladas culpables de los delitos de desaparición y homicidio. Además de la sentencia, deberán pagar casi 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.

La Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y de mantener acciones constantes para el esclarecimiento de los casos de desaparición en la entidad.

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La aprehensión fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ejecutaron una orden judicial en contra del funcionario municipal. Tras su captura, Murguía Santiago fue trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos ante un juez federal.

El Rancho Izaguirre, ubicado en los alrededores de Teuchitlán, cobró relevancia nacional en marzo pasado, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó restos humanos, prendas y objetos personales que indicaban la existencia de un posible centro de exterminio y entrenamiento vinculado al CJNG.

Según fuentes del Gabinete de Seguridad consultadas por medios nacionales, el alcalde habría incurrido en omisión de funciones al no actuar pese a tener conocimiento de las actividades ilícitas que se realizaban en dicho predio.

La FGR lo investiga por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada y encubrimiento. La detención de Murguía Santiago se da en el marco de un operativo federal para combatir estructuras criminales en Jalisco, uno de los estados con mayor presencia del CJNG.

La situación jurídica del alcalde será definida en las próximas horas, una vez que comparezca ante un juez de control. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del ayuntamiento de Teuchitlán.

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Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el fiscal indicó que el predio fue utilizado como centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero descartó que funcionara como sitio de incineración masiva.

“¿Había un sitio de cremación? No hay una sola prueba que lo acredite. Lo que se encontró fueron zanjas, agujeros donde se hicieron fogatas y una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad importante”, explicó Gertz Manero. Añadió que, según los expertos de la UNAM, en el sitio no se alcanzaron temperaturas superiores a los 200 grados Celsius, muy por debajo de los 800 requeridos para la cremación.

El fiscal también precisó que no se localizaron cadáveres ni osamentas completas, salvo un cuerpo encontrado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024.

En el mismo mensaje, Gertz Manero informó sobre otros inmuebles utilizados por el CJNG en Jalisco, como el rancho La Vega, asegurado recientemente por la FGR, donde —dijo— existe una “vinculación evidente” con actividades criminales.

Además, señaló omisiones por parte de las autoridades estatales, al recordar que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco alertó sobre la situación desde 2021. No obstante, negó que exista una investigación contra el exgobernador Enrique Alfaro.

Respecto a las prendas localizadas en el rancho Izaguirre, indicó que serán analizadas con el apoyo de madres buscadoras para tratar de identificar a posibles víctimas.

Sin embargo, los colectivos de madres buscadoras de Jalisco rechazaron de inmediato la versión oficial. En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciaron que Gertz Manero “no ha puesto un pie en el inmueble” y las desacredita al llamarlas “mentirosas”.

“Le están mintiendo, presidenta. El fiscal está acusando a todas las buscadoras de mentirosas y no ha estado en el rancho. Hemos trabajado estrechamente con la fiscal Sara Herrerías, quien conoce la verdad y la evidencia que hemos presentado”, señalaron.

Las buscadoras advirtieron que el fiscal pretende alejar a la mandataria de los colectivos “justo ahora que comenzábamos a caminar juntas”, y pidieron que se escuche su testimonio y se valoren las pruebas recabadas en campo.

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De acuerdo con reportes preliminares, ambos se encontraban en un parque del conjunto habitacional cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados que se desplazaban en motocicletas. La Fiscalía de Jalisco ya investiga los hechos como un ataque directo.

María del Carmen inició su labor como buscadora tras la desaparición de su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales, ocurrida el 24 de febrero de 2024. A pesar de haber recibido amenazas, continuó colaborando activamente con el colectivo y participó en investigaciones clave, como el hallazgo de un predio en Teuchitlán vinculado al crimen organizado, donde se localizaron restos y evidencia de crematorios clandestinos.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas condenaron el crimen y exigieron justicia. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expresó su indignación por el doble homicidio y reiteró el compromiso del Gobierno Federal con la protección de quienes buscan a sus seres queridos.

Según datos del portal «A dónde van los desaparecidos», con este caso suman ya 28 personas buscadoras asesinadas en México desde 2010, lo que evidencia los riesgos que enfrentan quienes luchan por encontrar a sus familiares en un contexto de impunidad y violencia.

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En un comunicado, la CIDH informó que ha seguido de cerca el caso desde septiembre de 2024, cuando el predio fue asegurado por las autoridades. Sin embargo, a pesar de los trabajos oficiales con maquinarias y binomios caninos, fue un grupo de búsqueda independiente el que recientemente descubrió las fosas clandestinas, lo que pone en evidencia deficiencias en los procesos oficiales de localización.

La Comisión también señaló que las denuncias sobre reclutamiento forzado, desapariciones, trabajo forzado y entrenamiento de víctimas reflejan un alarmante nivel de violencia por parte del crimen organizado. Expresó su preocupación por el hecho de que sitios como este hayan operado durante largos periodos sin una intervención efectiva del Estado.

Ante esta situación, la CIDH instó a las autoridades a investigar con diligencia los hechos, sancionar a los responsables y asegurar una reparación adecuada para las víctimas y sus familias. Subrayó que es derecho de los familiares conocer el paradero de sus seres queridos y que la sociedad mexicana merece saber la verdad.

Asimismo, destacó la importancia de que el proceso de identificación de los restos hallados se realice con metodologías científicas y basadas en evidencia, garantizando así su confiabilidad.

La CIDH también valoró las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso reformas legislativas y administrativas para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Nacional de Identificación Humana. La organización reconoció la importancia de la atención integral a las víctimas y la necesidad de esclarecer la diferencia temporal entre el aseguramiento del predio y los hallazgos recientes.

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Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de atender el problema de las desapariciones y, por ello, se informará cuántas personas están desaparecidas con base en datos actualizados. Además, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se encargarán de atender a los familiares y colectivos.

Entre las principales acciones anunciadas, destaca la creación de una Plataforma Única de Identidad, que se basará en la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares, la cual podrá ser consultada por instituciones de seguridad en tiempo real. Esta medida permitirá agilizar los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

También se contempla la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, obligatoria y de apertura inmediata ante cualquier denuncia de desaparición, sin necesidad de esperar 72 horas. Esta base deberá estar operativa en un plazo de 180 días tras la entrada en vigor de las reformas.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que estas reformas buscan consolidar un sistema ágil, eficaz y coordinado, que permita el intercambio de información entre autoridades, instituciones y particulares; así como alertar de forma rápida a todo el país cuando se reporta una desaparición.

Otros puntos destacados de la iniciativa son:

• Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, con la integración de información Antemortem y Postmortem, y su conexión con la Plataforma Única de Identidad
• Obligación para entidades privadas (financieras, de transporte, salud, telecomunicaciones, etc.) de colaborar con información útil para la localización de personas
• Incremento de penas para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
• Fortalecimiento de las Fiscalías estatales con unidades especializadas, personal capacitado y áreas de atención inmediata y de larga data
• Creación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que emitirá fichas de búsqueda y permitirá identificar coincidencias en los sistemas de información existentes

Respecto al caso reciente de Teuchitlán, Jalisco, la mandataria reiteró que se debe conocer la verdad con base en evidencia científica y mediante una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de la República.

Con estas reformas, el gobierno federal busca garantizar el derecho a la identidad, agilizar las investigaciones y dar una respuesta eficaz ante la desaparición de personas en México.

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El portavoz del grupo, con el rostro cubierto, cuestiona la intervención de colectivos de búsqueda en el predio, asegurando que estaba asegurado por autoridades y que debieron informar a las instancias correspondientes en lugar de difundir información alarmante. “Sembraron e idearon una película de terror para causar furor en redes sociales”, afirmó.

En el video aparecen al menos 33 personas con armas de alto calibre y vestimenta táctica. El sujeto que lee el mensaje sostiene que el CJNG sigue ciertos códigos y niega que en Jalisco haya una crisis de violencia comparable con la de otros estados. “Jalisco está en paz. No hay secuestros ni homicidios en comunidades rurales. ¿Quieren otro Sinaloa donde se rompió la paz social?”, expresó.

La publicación de este video surge tras las manifestaciones realizadas en al menos 21 ciudades del país, donde colectivos exigieron respuestas a las autoridades sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre, un sitio señalado como campo de reclutamiento y entrenamiento del crimen organizado.

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Acciones inmediatas para combatir la desaparición

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda: Se firmó un decreto para ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición de tecnología para la búsqueda basada en evidencia científica
2. Reformas a la legislación: Se enviarán dos iniciativas al Congreso:
   • Modificación a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como fuente principal de identidad
   • Reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana
3. Implementación de alertas inmediatas: Se establecerán protocolos para generar alertas de búsqueda en todas las corporaciones y abrir carpetas de investigación sin esperar 72 horas
4. Equiparación con el delito de secuestro: Se homologarán las penas y procedimientos en todas las Fiscalías estatales y federal.
5. Publicación mensual de datos: Se dará a conocer mensualmente el número de carpetas de investigación sobre desapariciones a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
6. Fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Se garantizará el acompañamiento y apoyo a familiares de personas desaparecidas

Compromiso en el caso de Teuchitlán, Jalisco

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tolerará la impunidad y que las investigaciones sobre el caso de Teuchitlán se llevarán a cabo con transparencia. Se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda ya está participando en la investigación. Además, el Gabinete de Seguridad dará seguimiento al caso y se espera un informe público el próximo miércoles.

La mandataria aseguró que su administración actuará con verdad y justicia: “Nunca vamos a construir verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia”. También se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para fortalecer las estrategias de búsqueda y atención a víctimas en todo el país.

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