El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas sobre el Viaducto a Jicalán, a la altura del fraccionamiento Mediterránea. Testigos y cámaras de vigilancia muestran cómo dos hombres en motocicleta siguieron a la camioneta del empresario, aparentemente con la intención de despojarlo de dinero o vehículo.

Al intentar abrir la puerta y realizar disparos contra la unidad, los escoltas del empresario respondieron con armas de fuego, generando un intercambio de balas en plena vía pública. Tras la intervención, los agresores quedaron heridos y fueron asegurados por la policía municipal, siendo trasladados de inmediato al hospital para recibir atención médica.

Las autoridades aseguraron casquillos y un cargador de arma de fuego en la zona y continúan con la investigación, además de buscar a un posible cómplice que logró escapar. Este incidente refleja la persistente inseguridad en Uruapan, uno de los municipios con mayores índices delictivos en Michoacán, donde la delincuencia común y organizada mantiene presencia a pesar de los operativos de seguridad.

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Los operativos se llevaron a cabo los días 8 y 9 de enero en distintos puntos de Uruapan, con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; y el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. Durante las investigaciones se determinó que los detenidos intercambiaron información sobre los movimientos del exalcalde y estaban vinculados con el grupo responsable del ataque.

Asimismo, se realizaron tres cateos en inmuebles relacionados con los implicados, donde se aseguraron drogas y equipos de comunicación, aportando evidencias clave para la investigación. Los detenidos enfrentan órdenes de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas, emitidas por la Fiscalía General de Michoacán.

Estas detenciones se suman a las de otros implicados en el caso, entre ellos: Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo; Ricardo “N”, encargado del traslado de integrantes; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades delictivas; y Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, líder de una célula criminal vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga.

García Harfuch destacó que estas acciones son resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las investigaciones continúan para garantizar que no haya impunidad.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, se han detenido 378 personas por delitos de alto impacto, asegurado 174 armas de fuego, más de 13 mil cartuchos, 296 vehículos, 192 artefactos explosivos, 768 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, así como la inhabilitación de 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para combatir la impunidad y proteger a las familias michoacanas.

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De acuerdo con información confirmada por registros oficiales y reportes de medios nacionales, la detención se realizó durante un operativo en la zona centro de Uruapan, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

La exfuncionaria fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación jurídica en relación con el homicidio del entonces presidente municipal. Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación que se le atribuye ni los elementos probatorios que sustentan la acusación.

Yesenia “N” ocupó cargos administrativos tanto durante la gestión de Carlos Manzo como en la actual administración municipal encabezada por su viuda, lo que ha generado especial atención pública sobre el avance de las indagatorias.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, registrado el 1 de noviembre de 2025 durante una actividad pública con motivo del Día de Muertos, provocó una fuerte conmoción social y política en Uruapan y a nivel nacional, al tratarse de un ataque directo contra una autoridad en funciones.

La detención de una persona cercana al círculo gubernamental representa un avance relevante en la investigación, la cual continúa en desarrollo. Se espera que en los próximos días las fiscalías estatal y federal emitan información oficial adicional conforme avance el proceso legal.

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De acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, el gobierno municipal ha recibido diversas quejas relacionadas con cobros indebidos, detenciones arbitrarias y revisiones injustificadas, principalmente en carreteras y accesos a la ciudad. Quiroz subrayó que la presencia de corporaciones estatales y federales debe estar orientada exclusivamente a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de la población.

La edil informó que sostuvo comunicación directa con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien solicitó supervisión estricta e investigación sobre la actuación de los elementos señalados. En ese contexto, enfatizó que Uruapan no puede permitir prácticas que afecten la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Si bien reconoció que algunas denuncias resultaron no tener sustento, Grecia Quiroz señaló que otras sí fueron corroboradas, lo que derivó en la aplicación de medidas administrativas y la separación de elementos involucrados. Asimismo, exhortó a la población a presentar denuncias formales acompañadas de pruebas para que puedan proceder las investigaciones correspondientes.

Las declaraciones se producen en un entorno de alta tensión en la región, luego del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, hecho que motivó el reforzamiento de operativos de seguridad en el municipio con el objetivo de contener la violencia generada por grupos delictivos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos, mientras que el gobierno municipal insistió en la necesidad de transparentar la actuación policial y fortalecer los mecanismos de control interno en los operativos de seguridad.

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El encuentro contó con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal Estatal, Carlos Torres Piña, la alcaldesa Grecia Quiroz, así como autoridades estatales, municipales, legisladores y mandos de corporaciones federales y locales de seguridad.

Durante la reunión se revisaron los avances de la estrategia en la región, se escucharon las prioridades de las autoridades locales y se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la extorsión, atender las zonas con mayor incidencia delictiva y garantizar la protección de la población.

Se destacó que la presencia operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC se mantendrá de manera permanente, con el fin de proteger los ciclos productivos, fortalecer la vigilancia territorial y realizar acciones contundentes contra los grupos delictivos que afectan a las familias y al sector económico de la región.

Las autoridades federales subrayaron que, por instrucción de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad continuará visitando municipios de Michoacán para supervisar despliegues, evaluar resultados y atender directamente las necesidades de las comunidades y de los gobiernos locales.

Como resultado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, se han registrado:

• 147 personas detenidas
• 60 armas de fuego aseguradas
• 6,954 cartuchos y 365 cargadores
• 121 vehículos y 89 artefactos explosivos
• 53 kilos de material explosivo
• 18.7 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina
• 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética
• Inhabilitación de 9 campamentos clandestinos utilizados por la delincuencia organizada

El Gobierno de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Michoacán, autoridades municipales, legisladores y empresarios para construir la paz y fortalecer la seguridad en el estado.

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José Manuel J. fue designado secretario de Seguridad al inicio de la administración de Manzo en septiembre de 2024, tras una carrera de más de cuatro décadas en el Ejército Mexicano, donde ocupó cargos en distintos estados y corporaciones de justicia militar. Aunque fue cesado menos de un mes después por denuncias de violencia doméstica, continuó como jefe de escoltas y asesor de seguridad del alcalde.

Durante el operativo en el que se detuvo a sus subordinados, el coronel no se presentó, lo que lo convirtió en la principal “pieza faltante” del caso. Las autoridades lo buscan intensamente, pues él fue responsable de reclutar y supervisar al grupo de escoltas que protegía al edil.

Este caso ha puesto en evidencia posibles fallas en la seguridad municipal y plantea interrogantes sobre la supervisión de personal militar retirado en funciones de protección a funcionarios públicos. La fuga del coronel genera presión sobre las autoridades para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia en el caso del asesinato de Carlos Manzo.

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La resolución fue emitida por un juez de control tras una audiencia que se prolongó por más de 18 horas, en la cual se consideraron diversas pruebas que señalan a “El Licenciado” como probable autor intelectual del ataque. De acuerdo con la investigación, el imputado habría coordinado la logística del crimen y reclutado al agresor material.

Los siete escoltas, quienes formaban parte del equipo de seguridad del exalcalde, también fueron vinculados a proceso por homicidio doloso calificado por omisión, al no haber garantizado la protección de Manzo Rodríguez durante el momento del ataque.

El juez determinó prisión preventiva oficiosa para los ocho implicados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará integrando evidencia para esclarecer plenamente los hechos.

El caso ha generado amplia atención debido a la relevancia política de la víctima y a la presunta participación de una estructura delictiva que habría operado de manera organizada para ejecutar el homicidio.

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La operación coordinada involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía y Policía Estatal de Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones, Jaciel Antonio “N” es responsable de reclutar a personas que luego participaron en actividades delictivas, incluyendo el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo. Los agentes realizaron trabajos de gabinete y de campo que permitieron ubicar al sospechoso en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, donde fue detenido por delitos de cohecho y contra la salud.

Tras su detención, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la impunidad y desarticular grupos criminales que generan violencia en la región.

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Según los reportes oficiales, “El Licenciado” formaba parte de la célula criminal que planificó el homicidio del alcalde independiente, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan. Investigaciones revelaron que el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, ejecutó materialmente el ataque, mientras que “El Licenciado” habría dado instrucciones desde su posición de mando.

La detención se realizó en Morelia, Michoacán, durante un operativo conjunto de la SSPC y otras agencias de seguridad. En el lugar se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, dosis de droga, dos teléfonos celulares y un vehículo. Los dispositivos telefónicos de otros implicados contenían mensajes en los que “El Licenciado” coordinaba la ejecución del ataque, evidenciando su papel como autor intelectual.

Autoridades señalaron que la célula criminal a la que pertenece “El Licenciado” tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que utilizaba aplicaciones de mensajería para planear los movimientos del alcalde, incluyendo horarios y rutas. La captura es considerada un paso importante en la investigación, aunque las autoridades continúan con la identificación y detención de otros integrantes del grupo.

Tras el homicidio, el Gobierno federal activó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzando la seguridad y reiterando el compromiso de perseguir a los responsables sin impunidad. Familiares del alcalde y autoridades locales han subrayado la importancia de este arresto para garantizar justicia y desmantelar la red criminal involucrada.

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El llamado fue impulsado por cámaras empresariales, asociaciones civiles y líderes comunitarios, quienes promovieron un paro total de actividades en señal de luto. Desde temprana hora, numerosos comercios cerraron sus puertas y colocaron moños negros como símbolo de duelo.

La marcha inició alrededor de las 10:00 de la mañana, partiendo de la Glorieta McDonald’s y avanzando por avenidas principales como Paseo Lázaro Cárdenas, Morelos y 5 de Febrero, hasta llegar a la Pérgola Municipal, donde se realizaron mensajes en memoria del alcalde asesinado.

Los asistentes vistieron de blanco y negro como símbolo de unidad y respeto. A lo largo del recorrido se escucharon consignas como “Él no murió, el gobierno lo mató”, reflejo del hartazgo social por la inseguridad en la región.

Entre los participantes destacó la presencia de la familia del edil, incluida su abuela, conocida como “Mamá Raquel”, quien expresó con firmeza: “Mátenme a mí, aquí estoy. No tengo miedo.” La nueva presidenta municipal, Grecia Itzel Quiroz García, también acudió al acto y llamó a mantener la lucha “con puertas abiertas y sin derramamiento de sangre”.

La movilización se llevó a cabo seis días después del homicidio del alcalde, ocurrido durante un acto público el pasado 1 de noviembre. El crimen conmocionó a la población y desató un reclamo generalizado contra las autoridades estatales y federales, a quienes se exige una estrategia efectiva de seguridad.

El paro y la marcha lograron paralizar gran parte de las actividades comerciales de Uruapan durante la mañana del viernes. Las principales demandas fueron el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo, la sanción a los responsables y el fortalecimiento de las políticas de seguridad para combatir delitos como la extorsión y el cobro de piso.

La protesta reflejó el hartazgo de una sociedad que, más allá del luto, exige justicia, paz y gobernabilidad en uno de los municipios más golpeados por la violencia en Michoacán.

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