Inexperiencia y rezago marcan el arranque de la nueva Suprema Corte en 2025

Ciudad de México, a 07 de junio del 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afrontará retos monumentales con su nueva integración a partir del 1 de septiembre de 2025. Entre los principales desafíos destacan un rezago acumulado de más de mil 300 casos pendientes, la inexperiencia de seis de los nueve nuevos ministros electos y un estricto plazo de seis meses para resolver los asuntos, según lo establecido por la reciente reforma judicial.

Rezago acumulado y mayor carga para el pleno

Actualmente, la SCJN cuenta con un rezago total de 1,248 asuntos pendientes: 509 en la Primera Sala, 111 en la Segunda Sala y 628 en el pleno. A partir del 1 de septiembre, las salas dejarán de operar, por lo que el pleno, que reducirá su número de ministros de 11 a 9, tendrá la responsabilidad exclusiva de resolver todos los casos.

En 2023, la Primera Sala, la Segunda Sala y el pleno resolvieron un total de 4,299 asuntos, mientras que en 2024 la cifra bajó a 3,853. Sin embargo, con la nueva estructura y el volumen pendiente, el reto para los ministros será mayúsculo.

Inexperiencia y presión judicial

De los nueve ministros electos en las elecciones del 1 de junio, solo tres cuentan con experiencia previa en la Corte: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel. Los otros seis deberán enfrentarse a una curva de aprendizaje acelerada, ya que la reforma judicial obliga a resolver cada caso en un plazo máximo de seis meses desde que se conozca el asunto.

Quienes no cumplan con este plazo deberán justificar sus demoras ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que tiene facultades para imponer amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas o incluso la destitución.

Críticas y riesgos de politización

Especialistas y académicos han señalado que esta nueva etapa de la SCJN es producto de una reforma impulsada desde una visión ideológica, que podría afectar la calidad y la independencia judicial.

El politólogo Sebastián Godínez, de la UNAM, señaló que el proceso buscó «capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo», advirtiendo que el Tribunal de Disciplina Judicial probablemente será indulgente con los ministros debido a su afinidad política.

Por su parte, el constitucionalista Francisco Burgoa calificó la elección como una “simulación”, afirmando que el cumplimiento del plazo de seis meses es muy difícil dada la complejidad de los asuntos constitucionales, y que la presión podría derivar en resoluciones apresuradas o sesgadas políticamente.

Ambos especialistas coincidieron en la probabilidad de una avalancha de justificaciones presentadas al TDJ y cuestionaron la independencia de este órgano.

Casos pendientes de alto impacto

Se espera que algunos asuntos pendientes se resuelvan antes del cambio de ministros. Entre ellos destacan:

• Acción de inconstitucionalidad 129/2023, que impugna la reforma en materia de concesiones para minería y agua
• Acción de inconstitucionalidad 78/2022, sobre la reforma que declaró al litio como propiedad de la nación y prohibió concesiones a particulares
• Acción de inconstitucionalidad 136/2019, que cuestiona la ampliación de prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
• Acción 49/2022, que impugna reformas electorales y la Ley de Revocación de Mandato
• Amparo en revisión 39/2022, promovido por la organización R3D, contra la creación del Banco de ADN por posibles violaciones a la privacidad