Ciudad de México, a 12 de de febrero del 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un mono araña (Ateles geoffroyi) en el municipio de Ocotlán.
La acción legal se sustenta en el Artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, que establece sanciones por la captura, transporte, posesión o comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestres consideradas en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
De acuerdo con la dependencia federal, el caso se derivó de información difundida el 9 de febrero. Al día siguiente, personal de inspección acudió a la presidencia municipal para recabar datos que permitieran conocer el origen y situación del ejemplar.
Durante la diligencia fue localizada la persona que aparece en un video con el primate. Esta señaló que el animal pertenecía a un tercero y que únicamente lo había solicitado prestado, por lo que dijo desconocer la identidad de quien actualmente lo mantiene en su poder. En consecuencia, se le notificaron las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, particularmente lo establecido en el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, y se le solicitó aportar información que permita ubicar a quien se encuentra en posesión ilegal del ejemplar.
El mono araña (Ateles geoffroyi) está clasificado como especie en peligro de extinción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. La legislación mexicana establece además que ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea con fines de subsistencia o comerciales.
La Profepa reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la fauna silvestre, al tiempo que recordó a la ciudadanía que la extracción, posesión y comercialización ilegal de especies constituye un delito federal y una amenaza directa para la conservación de la biodiversidad en México.


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