Guanajuato, Gto., a 17 de marzo del 2026.- La Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario del Congreso local aprobó tres puntos de acuerdo impulsados por el Grupo Parlamentario del PAN y la representación del PRD, enfocados en el fortalecimiento del campo y la protección de productores agropecuarios.
Entre las propuestas avaladas destaca el exhorto al Gobierno Federal para mantener los subsidios al combustible —gasolina y diésel— dirigidos a los sectores pesquero y agropecuario. De acuerdo con el diputado Roberto Carlos Terán, el sector enfrenta una situación compleja derivada del aumento en los costos de producción y la reducción en sus márgenes de ganancia.
El legislador señaló que la eliminación de estos estímulos impactaría de forma directa en la operatividad del campo, al encarecer actividades esenciales como el uso de maquinaria agrícola, sistemas de riego y transporte.
Asimismo, se aprobó solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) un análisis sobre los efectos de la caída del precio internacional del maíz, tanto en los ingresos de los productores como en el comportamiento del mercado interno y los esquemas de comercialización.
Dicho análisis contempla la implementación de medidas inmediatas, como el fortalecimiento de mecanismos de administración de riesgos, coberturas de precios, ajustes en apoyos a la comercialización y acciones coordinadas para evitar distorsiones por importaciones a bajo costo.
En otro punto, la comisión avaló exhortar a la Sader a ampliar la cobertura del Programa Integral de Producción de Carne, con el objetivo de incluir a entidades que cumplen con estándares sanitarios y zoosanitarios, entre ellas Guanajuato.
Durante la sesión, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos cuestionó la postura del Grupo Parlamentario de Morena al no respaldar algunas de las propuestas, al considerar que estas buscan reducir la incertidumbre en el sector rural.
El legislador subrayó que el respaldo al campo debe asumirse como una prioridad nacional, más allá de posturas partidistas, y reiteró la necesidad de implementar políticas públicas permanentes que garanticen condiciones equitativas para los productores.
Finalmente, advirtió sobre la carga administrativa que enfrentan los trabajadores del campo, al señalar que diversos trámites federales implican costos elevados y plazos complicados, lo que limita el desarrollo de sus actividades productivas.
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