Roberto Carlos Terán solicitó acciones federales con resultados medibles para combatir la plaga, mientras Jesús Hernández Hernández llamó a eliminar barreras institucionales y fortalecer la inclusión

Guanajuato.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato hicieron un llamado a las autoridades para atender dos temas durante la sesión del Congreso del Estado: el avance del gusano barrenador y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el apartado de asuntos generales, los legisladores Roberto Carlos Terán y Jesús Hernández Hernández expusieron la necesidad de reforzar las acciones institucionales, tanto para contener la plaga que afecta al campo como para garantizar la igualdad y la inclusión.

PAN pide acciones federales contra el gusano barrenador en Guanajuato

El diputado Roberto Carlos Terán expresó su preocupación por el avance del gusano barrenador en Guanajuato y cuestionó la respuesta de las autoridades federales ante una problemática que, señaló, representa riesgos para la salud pública, la actividad ganadera y la economía de los productores.

De acuerdo con las cifras expuestas por el legislador, la entidad pasó de no registrar esta plaga a acumular más de mil casos en menos de un año. Además, indicó que se tenían contabilizados 82 casos activos en 21 municipios del estado.

Entre las localidades donde se ha documentado la presencia del gusano barrenador mencionó León, Irapuato, Celaya, Silao, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

En cuanto a las afectaciones en personas, Terán señaló que, al 20 de octubre, la Secretaría de Salud de Guanajuato reportaba 15 casos humanos, mientras que el informe federal correspondiente a la semana epidemiológica registraba 16.

El diputado recordó que, desde la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario, se han promovido exhortos dirigidos a las autoridades federales para solicitar medidas que permitan contener la propagación de la plaga.

También expuso las preocupaciones de ganaderos guanajuatenses por las condiciones de los centros de verificación y controles ganaderos ubicados en los límites de Guanajuato con Jalisco, los cuales, según las denuncias referidas, presentan condiciones de abandono.

Ante este escenario, insistió en la importancia de fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, además de implementar acciones de control con presencia en territorio y resultados verificables.

“Ya estamos en la etapa de que las autoridades federales salgan a combatir con presencia territorial, con resultados medibles, y con la disminución de estas cifras”, expresó.

Terán sostuvo que las consecuencias de esta problemática afectan a productores, animales y población, por lo que pidió avanzar hacia una estrategia efectiva para atender y controlar la plaga.

“Basta de administrar la emergencia: la ciudadanía no tiene por qué resignarse al miedo”, enfatizó.

Finalmente, llamó al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad y reforzar la atención de las consecuencias sanitarias y económicas que el gusano barrenador representa para las familias y el sector agropecuario de Guanajuato.

Piden garantizar los derechos de las personas con discapacidad

Por su parte, el diputado Jesús Hernández Hernández centró su intervención en la necesidad de garantizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras institucionales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.

Explicó que los ajustes razonables consisten en modificaciones y adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, siempre que no impliquen una carga desproporcionada o indebida.

“No son privilegios, concesiones ni favores. Son derechos que deben garantizarse”, afirmó.

El legislador señaló que estas medidas están reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este marco establece que negar los ajustes razonables constituye una forma de discriminación.

Asimismo, subrayó que las instituciones públicas deben revisar sus procedimientos y decisiones para asegurar que sean compatibles con los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

“Los reglamentos son necesarios, pero su aplicación debe ser compatible con los derechos humanos”, expresó.

Hernández Hernández aclaró que garantizar estos ajustes no implica aceptar automáticamente todas las solicitudes, sino escuchar cada caso, analizar sus circunstancias y emitir una resolución conforme al marco jurídico aplicable.

Añadió que la inclusión requiere sensibilidad, voluntad institucional y decisiones responsables. Por ello, consideró necesario que el Congreso del Estado actúe de manera congruente con los derechos que promueve.

“Los ajustes razonables no debilitan nuestras instituciones. Las fortalecen y las hacen más justas, accesibles y humanas”, destacó.

Finalmente, llamó a consolidar una cultura institucional que genere oportunidades reales para todas las personas y coloque la dignidad humana, la igualdad y la inclusión en el centro de las decisiones públicas.

El diputado concluyó que estos principios deben reflejarse en acciones concretas para eliminar obstáculos y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

“Porque la dignidad se respeta, la igualdad se garantiza y la inclusión se demuestra con hechos”, concluyó.