La iniciativa plantea incorporar este apoyo como un derecho en la Ley de Inclusión, con reglas de operación, presupuesto anual y un padrón estatal de beneficiarios
Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión social y garantizar mejores condiciones para las personas con discapacidad, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), en conjunto con la Representación Parlamentaria del PRD (RPPRD), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad para crear una pensión no contributiva.
El diputado Jesús Hernández Hernández explicó que la propuesta responde a las solicitudes expresadas por personas con discapacidad y busca reconocer este beneficio como un derecho que contribuya a generar igualdad de oportunidades y una vida con mayor dignidad.
El legislador señaló que la iniciativa incorpora por primera vez el concepto de discapacidad permanente, con el propósito de brindar certeza jurídica y evitar interpretaciones ambiguas al momento de acceder a este apoyo.
Asimismo, la propuesta establece que la pensión no contributiva podrá otorgarse mediante apoyos económicos, bienes o servicios, incluyendo atención médica, rehabilitación, transporte adaptado, ayudas técnicas o una combinación de estos beneficios.
Hernández Hernández destacó que el objetivo no se limita a la entrega de recursos económicos, sino que busca impulsar la autonomía personal, la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas beneficiarias.
Otro de los ejes de la iniciativa contempla un esquema de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, con el fin de evitar programas aislados y garantizar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a este sector.
Además, el proyecto plantea la creación de un Padrón Estatal de Personas Beneficiarias, herramienta que permitirá identificar a quienes reciban el apoyo, fortalecer la transparencia y facilitar la evaluación de los resultados.
La propuesta también establece que la pensión deberá operar bajo reglas claras y contempla la obligación de asignar cada año los recursos presupuestales necesarios para garantizar su funcionamiento, con el propósito de que el beneficio quede respaldado por la ley y no dependa únicamente de programas temporales.


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