CPI podría investigar crímenes en México tras nuevas denuncias

Ciudad de México, a 07 de diciembre del 2024.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se encuentra bajo presión tras recibir 13 comunicaciones que detallan presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos en México, en un contexto que involucra tanto a fuerzas estatales como a grupos beligerantes. La última de estas comunicaciones, enviada recientemente, es la primera en señalar delitos ocurridos bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora, las comunicaciones presentadas ante la CPI se centraban en los crímenes registrados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, específicamente en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el nuevo dossier enviado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) incluye denuncias sobre abusos perpetrados entre 2006 y 2022, un periodo que abarca los tres últimos sexenios.

El informe, elaborado por los investigadores Jacobo Dayán, París Martínez y Daniel Moreno, documenta la participación de fuerzas de seguridad, como el Ejército, la Marina y diversas policías federales y estatales, en la desaparición y asesinato de 1,854 personas que no tenían vínculo con actividades criminales. El índice de impunidad en estos casos supera el 96%, lo que refuerza la sensación de que la violencia en el país ha sido tolerada y, en algunos casos, fomentada desde las instituciones encargadas de velar por el orden.

Según José Antonio Guevara, miembro del Consejo Directivo del CICA, el reporte evidencia patrones de comportamiento criminal sistemático por parte de las autoridades en prácticamente todas las entidades federativas del país. Esto demuestra, subraya Guevara, que no se trata de casos aislados, sino de una política dirigida por el gobierno que permite la comisión de crímenes.

Las investigaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que desde 2012 ha presentado múltiples comunicaciones sobre la situación en México ante la CPI, también apuntan a graves violaciones a los derechos humanos, como torturas y desapariciones forzadas, especialmente durante el periodo de 2006 a 2018. Organizaciones como Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras han contribuido con nuevas investigaciones, alertando sobre crímenes en estados como Nayarit, Veracruz, Chihuahua y Coahuila.

Los próximos informes ante la CPI podrían abordar el desplazamiento interno forzado, el reclutamiento de menores de edad para actividades criminales y otros fenómenos relacionados con la violencia organizada, como el sicariato.

Guevara considera que la Fiscalía de la CPI posee los elementos suficientes para abrir un examen preliminar sobre México, ya que las autoridades nacionales han demostrado una falta de voluntad y capacidad para investigar y sancionar estos crímenes. En su opinión, el caso mexicano representa una oportunidad crucial para que la Corte muestre su compromiso con la justicia universal, más allá de cualquier interés político, y fortalezca su rol en la defensa de los derechos humanos a nivel global.