Ciudad de México, a 08 de julio del 2025.- Durante el primer semestre de 2025, la Ciudad de México se posicionó como la segunda entidad del país con mayor número de personas desaparecidas, al registrar mil 027 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Además, ocupa el cuarto lugar nacional en la tasa de desapariciones por cada 100 mil habitantes, con 11.15%, muy cerca de Quintana Roo (11.66%) y Sonora (11.56%).
Expertos en seguridad consideran que este fenómeno responde a una combinación de factores, entre ellos el recrudecimiento de la violencia entre grupos del crimen organizado y el incremento de delitos como la trata de personas.
Armando Vargas, doctor en Ciencia Política y coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, señaló que una de las principales causas subyacentes tiene que ver con disputas territoriales entre grupos como la Unión Tepito y la Anti-Unión, así como la presencia creciente de nuevas organizaciones criminales, particularmente el Tren de Aragua.
“El Tren de Aragua ha entrado en confrontación directa con bandas locales dedicadas al cobro de piso y trata de personas en zonas donde antes no operaban otros grupos. Esto ha generado una respuesta violenta y ha detonado mecanismos de exterminio y desaparición de cadáveres”, indicó.
Las colonias Centro, Morelos, Peralvillo y Valle Gómez son algunas de las zonas más afectadas por la violencia y las desapariciones, en las que se han registrado ejecuciones y enfrentamientos armados entre civiles, especialmente desde el inicio de la actual administración capitalina.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analizados por México Evalúa, entre enero y mayo de 2025 se registraron 375 homicidios dolosos, 910 personas desaparecidas y 518 víctimas de otros delitos contra la vida. Vargas calificó este comportamiento como “anómalo”, ya que el número de desapariciones representa casi el triple de los homicidios dolosos. Esta disparidad ha abierto la hipótesis de una posible manipulación de datos para reducir artificialmente la cifra de homicidios.
“Existe la posibilidad de que cadáveres no sean clasificados como homicidios, sino como desaparecidos u otras categorías menos sensibles políticamente”, advirtió Vargas.
Por su parte, Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que las desapariciones en la capital del país están relacionadas, en muchos casos, con el reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado. Mientras que los varones son incorporados a sus filas para realizar actividades ilícitas, las mujeres y niñas son mayormente víctimas de trata con fines de explotación sexual.
“La descomposición social es tan grave que permite que se cometan estos crímenes con total impunidad. No hay consecuencias para los responsables, y la Fiscalía pocas veces investiga adecuadamente los casos”, afirmó Azaola.
Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que desde 2020 han documentado numerosos casos de menores desaparecidas relacionados con redes de trata, muchas veces operadas a través de redes sociales.
“Los criminales se infiltran en la vida de las víctimas, investigan sus entornos familiares, fingen relaciones amorosas y luego las citan para llevárselas. Algunas veces las trasladan a otras entidades como el Estado de México, Tlaxcala o Morelos”, explicó.
También han detectado el reclutamiento de varones adolescentes mediante falsas ofertas de empleo. En algunos casos, los jóvenes desaparecen al poco tiempo de ser incorporados a las bandas.
Respecto al trabajo de las instituciones responsables de la búsqueda, Horcasitas reconoció que, si bien ha mejorado la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda, aún persisten importantes deficiencias operativas.
“La unidad de análisis de contexto no suele trabajar al mismo ritmo que las búsquedas inmediatas. Muchos casos se envían a esta unidad cuando ya no hay líneas de investigación activas”, detalló.
En este sentido, Armando Vargas apuntó que la Comisión de Búsqueda enfrenta carencias estructurales en cuanto a capacidades institucionales, procedimientos y recursos, lo que obstaculiza su capacidad de respuesta ante las desapariciones.
Frente a este panorama, los especialistas coincidieron en la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de investigar y prevenir las desapariciones, así como garantizar justicia para las víctimas y sus familias.


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