CRT abre consulta pública sobre derechos de las audiencias; Sheinbaum afirma que busca fortalecer el acceso a información veraz

La consulta estará disponible del 27 de julio al 21 de agosto y permitirá la participación de ciudadanía, concesionarios, academia y organizaciones civiles para definir los lineamientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión

Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública para recibir opiniones sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, como parte de la implementación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el proceso de consulta permanecerá abierto del 27 de julio al 21 de agosto y estará disponible para la participación de la ciudadanía, concesionarios, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

La mandataria explicó que el propósito es que todos los sectores involucrados puedan aportar propuestas para la construcción de estos lineamientos, desde medios comunitarios hasta empresas de telecomunicaciones y personas interesadas en el tema.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa no tiene fines de censura, sino que busca fortalecer los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de la población a recibir información veraz y oportuna.

Sheinbaum señaló que el modelo propuesto contempla que cada medio cuente con una Defensoría de las Audiencias, responsable de atender las quejas y promover el cumplimiento de los derechos establecidos en la legislación, sin privilegiar un esquema basado en sanciones.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos emitidos por la CRT buscan precisar los conceptos previstos en la ley para evitar interpretaciones ambiguas o discrecionales y asegurar una aplicación uniforme.

Detalló que las disposiciones serán obligatorias para concesionarios de televisión abierta, radio, servicios de televisión y audio de paga, así como para programadoras de uso comercial, público y social.

Principales derechos que contemplan los lineamientos

Entre los aspectos más relevantes destacan:

• Garantizar que las audiencias reciban información veraz y oportuna, evitando la difusión de contenidos falsos, descontextualizados o material antiguo presentado como actual.
• Diferenciar claramente la información periodística de la opinión, mediante elementos gráficos o avisos.
• Identificar de forma visible la publicidad para distinguirla del contenido editorial.
• Informar sobre el derecho de réplica, permitiendo que las personas puedan solicitar aclaraciones cuando consideren que se difundió información falsa o inexacta sobre ellas.
• Promover medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y fomentar representaciones visuales inclusivas.

Código de Ética y Defensoría de las Audiencias

Los lineamientos también establecen que los medios deberán contar con un Código de Ética, en el que se definan los derechos de las audiencias, los criterios editoriales, el procedimiento para presentar quejas y el mecanismo para designar a la persona defensora de las audiencias.

En el caso de las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona encargada de la defensoría deberá pertenecer a la propia comunidad. Además, quienes desempeñen esta función deberán actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

Mecanismo de atención de quejas

La propuesta contempla un procedimiento para atender posibles vulneraciones a los derechos de las audiencias. Inicialmente, las quejas serán recibidas por la Defensoría correspondiente, que emitirá recomendaciones al medio de comunicación cuando detecte incumplimientos.

Si las recomendaciones no son atendidas o la audiencia considera que sus derechos no fueron restituidos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en la legislación vigente.