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Debate por la Ley de Aguas Nacionales: posturas, alcances y controversia

La Ley de Aguas Nacionales vuelve al debate por las propuestas de reforma que buscan modernizar la gestión del agua en México. Expertos, productores y organizaciones expresan preocupaciones y respaldos ante los posibles cambios.

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Ciudad de México, a 03 de diciembre del 2025.- La Ley de Aguas Nacionales (LAN) volvió al centro de la discusión pública tras el avance de nuevas propuestas de reforma que buscan actualizar el marco regulatorio del agua en México. La iniciativa, impulsada desde el ámbito federal, pretende fortalecer la gestión hídrica frente al incremento de sequías, el deterioro de acuíferos y la necesidad de mejorar la infraestructura. Sin embargo, distintos sectores sociales han expresado preocupación por los posibles efectos en la seguridad jurídica de los usuarios y en el acceso al recurso.

Marco legal y funciones de la Ley

La LAN, vigente desde 1992, establece las reglas para el aprovechamiento, distribución, control y protección de las aguas nacionales, además de definir las facultades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad reguladora. El ordenamiento determina concesiones, asignaciones y mecanismos administrativos que regulan el uso del agua, tanto superficial como subterránea.

Propuestas de reforma

Las nuevas modificaciones plantean reforzar la fiscalización del uso del agua, actualizar criterios para declarar la caducidad de concesiones y establecer lineamientos técnicos para la operación de acuíferos en riesgo. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, el objetivo es modernizar la política hídrica y dotar a Conagua de herramientas para sancionar desperdicios, ordenar la operación de pozos y mejorar la planeación del recurso.

Argumentos a favor

Los defensores de la reforma señalan que el actual marco normativo no ha logrado frenar la sobreexplotación y la contaminación del agua. Consideran que una actualización legal permitiría avanzar hacia una gestión más eficiente, garantizar disponibilidad para consumo humano y dar paso a inversiones necesarias en infraestructura y saneamiento. También destacan que el país requiere certezas jurídicas y mecanismos más claros ante escenarios de escasez cada vez más frecuentes.

Argumentos en contra

Organizaciones campesinas, especialistas en derechos humanos y algunos actores políticos han mostrado su rechazo, al considerar que la reforma podría concentrar facultades en la autoridad sin atender problemas estructurales como la falta de inversión, desigualdad en el acceso o rezagos en saneamiento. Añaden que los cambios podrían generar incertidumbre para productores agrícolas y afectar comunidades que dependen del agua para sus actividades diarias.

Derecho humano al agua

Desde 2012, el acceso al agua para uso personal y doméstico es reconocido como un derecho humano en México, un criterio reforzado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especialistas advierten que cualquier modificación a la LAN debe garantizar este principio y colocar el uso doméstico como prioridad frente a otros aprovechamientos.

Desafíos ambientales y gestión de acuíferos

Diversos análisis técnicos coinciden en que la principal urgencia está en detener el deterioro de los acuíferos sobreexplotados, mejorar los sistemas de monitoreo y asegurar inversiones constantes en saneamiento. Organismos ambientales han solicitado que la reforma incluya mecanismos de participación ciudadana por cuenca y mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Implicaciones internacionales

El tema hídrico también está vinculado al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos, que establece entregas periódicas de agua de río. La falta de una gestión ordenada puede traducirse en tensiones diplomáticas y presiones adicionales para la administración del recurso.

Un debate que seguirá abierto

El análisis de la Ley de Aguas Nacionales refleja la complejidad de equilibrar necesidades ambientales, productivas y sociales. Mientras autoridades impulsan una actualización legal, expertos y organizaciones insisten en que cualquier reforma debe ser transparente, con criterios técnicos y mecanismos que garanticen el derecho humano al agua y la protección de los sectores más vulnerables.

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