Gobierno de México prepara reformas para evitar liberación anticipada de cuentas vinculadas a delitos financieros

Ciudad de México a 01 de abril del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras vinculadas a actividades ilícitas como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, sin que exista un juicio de fondo.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal subrayó que actualmente muchas de estas cuentas, integradas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son liberadas a través de suspensiones concedidas por jueces, lo que calificó como una muestra de corrupción.

“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o por delito de cuello blanco, y resulta que se liberan las cuentas para que se sigan utilizando los recursos, eso no tiene otro nombre, se llama corrupción”, afirmó Sheinbaum.

Agregó que se requieren reformas legales para asegurar que las cuentas solo se liberen cuando se demuestre que hubo una mala interpretación por parte de la UIF y no por medio de suspensiones que permiten el uso de recursos presuntamente ilícitos.

“Ya existe una modificación en el Senado, pero estamos preparando más cambios legales. En todo caso, debe haber un juicio de fondo, no una suspensión inicial que permita liberar los recursos”, insistió.

La presidenta remarcó que estas reformas, junto con la propuesta de reforma al Poder Judicial, buscan garantizar cero impunidad en delitos federales, especialmente en los relacionados con corrupción y delincuencia organizada.

Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es una herramienta preventiva para suspender el uso de recursos de posible procedencia ilícita. Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han incluido en la LPB a 7,815 sujetos: 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales. A la fecha, permanecen bloqueadas 6,545 cuentas.

En total, las instituciones financieras han bloqueado 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, más de 23,500 millones de pesos han sido desbloqueados por resoluciones judiciales, lo cual ha generado preocupación en el Gobierno federal.

Asimismo, Gómez Álvarez informó que en el Senado ya se analiza una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal. Estas modificaciones permitirán que el Gobierno de México pueda participar como parte ofendida en juicios relacionados con estos delitos.

También se evalúa modificar la Ley de Amparo para evitar que se utilice como un recurso para desactivar la funcionalidad de la LPB. “La Presidenta ya analiza una posible iniciativa para frenar las suspensiones, que hoy son utilizadas para debilitar la efectividad de esta herramienta contra el lavado de dinero”, comentó.

En ese contexto, Gómez Álvarez citó el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya eliminación de la LPB por orden judicial les permitirá operar nuevamente en el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión. El Gobierno espera su pronta extradición desde Estados Unidos.