Ciudad de México, a 27 de junio del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó desde 2023 una serie de transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, realizadas a través de Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la empresa Nunvav Inc, señalada por el Gobierno de México como parte del entramado de prestanombres de García Luna, transfirió un total de 47 millones de dólares a Vector entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Nunvav Inc es propiedad de Samuel y Alexis Weinberg, quienes también figuran como acusados en una demanda civil presentada en 2021 ante una Corte de Florida.
Estas operaciones fueron parte de una investigación más amplia que busca recuperar aproximadamente 600 millones de dólares presuntamente desviados del erario público mediante contratos irregulares otorgados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los fondos habrían sido canalizados desde una cuenta de Nunvav Inc en el Occidental Bank de Barbados.
Como parte del proceso judicial, el 12 de junio de 2024, la jueza Lisa Walsh envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitando información sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Posteriormente, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que justificara las transferencias, incluyendo estados de cuenta y comunicaciones con Vector.
Sin embargo, los Weinberg respondieron que no contaban con dicha documentación y que cualquier requerimiento debía ser dirigido directamente a Nunvav, empresa que, hasta el momento, no ha explicado el propósito ni el destino final de los recursos transferidos a Vector, cuya cuenta receptora se encontraba en Citibank.
En un giro reciente, el 9 de junio de 2025, la jueza Walsh dio por concluido el caso civil a petición de ambas partes, luego de que se alcanzara un acuerdo en México. Este acuerdo incluye la posibilidad de que los Weinberg accedan a un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República, lo que les permitiría convertirse en testigos colaboradores.
En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo. En el mismo señalamiento, también fueron incluidos los bancos Intercam y CIBanco, implicados en transacciones con recursos de procedencia ilícita.
Este caso reabre cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en sexenios pasados y sobre las redes financieras utilizadas para el presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico, así como la responsabilidad de instituciones financieras que permitieron estas operaciones.


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