Quién es Ernestina Godoy, nueva fiscal de la República

Ciudad de México, a 03 de diciembre del 2025.- Ernestina Godoy Ramos asumió la Fiscalía General de la República (FGR) tras obtener una amplia ratificación en el Senado, consolidándose como una de las figuras más cercanas al actual proyecto federal. Con formación jurídica por la UNAM y más de cuatro décadas de trayectoria pública, la nueva fiscal llega al cargo en un momento clave para el sistema de justicia en México.

Godoy, nacida en 1954 en Ciudad de México, ha sido protagonista en distintos ámbitos del servicio público. Participó en la fundación de organizaciones defensoras de derechos y asesoría legal, entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y colaboró en tareas de apoyo jurídico tras el sismo de 1985. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos administrativos en la capital del país, fue diputada local y federal, además de senadora antes de integrarse al gabinete federal.

En 2018 fue designada como titular de la entonces Procuraduría capitalina y posteriormente se convirtió en la primera fiscal de la recién creada Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde permaneció hasta 2023. Más tarde fue nombrada consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que dejó tras la renuncia del anterior fiscal para ocupar la encargaduría de despacho de la FGR.

Durante su comparecencia en el Senado, Godoy aseguró que su gestión estará guiada por principios de ética, justicia y respeto a los derechos humanos. Prometió combatir la corrupción, evitar la impunidad y no permitir que la Fiscalía se utilice con fines de persecución política. Entre los retos inmediatos destacan la consolidación de una Fiscalía autónoma, el combate al huachicol, así como el fortalecimiento de las investigaciones en delitos de alto impacto.

Su nombramiento ha generado opiniones divididas. Mientras sus simpatizantes destacan su experiencia y compromiso con el acceso a la justicia, críticos señalan su cercanía política con el gobierno federal, cuestionando los alcances de la autonomía institucional bajo su mando. Aun así, su ratificación marca una nueva etapa para la FGR, que enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y mejorar la eficacia en la procuración de justicia.