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SCJN anuncia que no utilizará camionetas blindadas Grand Cherokee adquiridas para ministros

La Suprema Corte informó que no usará las camionetas blindadas Grand Cherokee compradas recientemente y que evaluará su devolución o reasignación conforme a la normativa vigente.

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Ciudad de México, a 25 de enero del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que no hará uso de las camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee recientemente adquiridas para el traslado de ministras y ministros, y que se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente para su devolución o reasignación, conforme a la normatividad vigente.

El anuncio se dio a conocer a través de un posicionamiento oficial, luego de que la compra de estas unidades generara críticas y cuestionamientos en la opinión pública, particularmente por su alto costo y por el contexto de austeridad que se exige al ejercicio del gasto público.

De acuerdo con la información difundida, las y los integrantes del máximo tribunal del país determinaron prescindir del uso de los vehículos, y plantearon que, en caso de no ser posible su devolución, las camionetas podrían ser destinadas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos de seguridad, siempre bajo los lineamientos legales aplicables.

La adquisición de las camionetas Grand Cherokee blindadas formó parte de un proceso de renovación vehicular del Poder Judicial. Sin embargo, el tema cobró relevancia nacional tras conocerse que se trataba de unidades de alta gama con blindaje, cuyo costo por vehículo asciende a varios millones de pesos, dependiendo de sus características.

Ante la polémica, la SCJN reiteró su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos públicos, y adelantó que se brindará mayor información sobre el destino final de las unidades y los pasos administrativos que se seguirán.

La decisión representa un ajuste en la política interna del máximo órgano judicial, en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre el gasto público, la rendición de cuentas y las condiciones de seguridad de los altos funcionarios del Estado mexicano.

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