PRODHEG responsabiliza a exsecretario de Seguridad de Celaya por el asesinato de “El Hijo del Llanero Solititito”

Celaya, Gto., a 07 de enero del 2025.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió la resolución 1371/2024, en la cual responsabiliza al exsecretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Ignacio Rivera Peralta, de violar los derechos humanos del periodista Alejandro Martínez Noguez, conocido como «El Hijo del Llanero Solititito». Este trágico caso ocurrió el 4 de agosto de 2024, cuando el periodista fue asesinado en un ataque armado mientras viajaba bajo la custodia de la policía municipal.

Según la resolución de la PRODHEG, el exfuncionario asignó escoltas a Martínez Noguez sin contar con una medida de protección oficial por parte de los organismos estatales o federales de protección a periodistas. La PRODHEG concluye que esta acción constituye una grave omisión por parte de Rivera Peralta, quien debía garantizar la seguridad del comunicador tras un atentado previo sufrido en noviembre de 2022.

La investigación también revela que, a pesar de que el periodista ya contaba con medidas de protección emitidas por el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, no se implementaron medidas adicionales por parte de las autoridades locales.

En consecuencia, la PRODHEG ha emitido una serie de recomendaciones al presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Entre las acciones sugeridas se encuentran una disculpa pública al gremio periodístico, una compensación económica a las víctimas indirectas, el inicio de una investigación sobre los hechos y la capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya. Además, se recomienda la creación de un protocolo de actuación para la protección de periodistas en el municipio.

Este caso subraya la falta de un protocolo claro y efectivo para proteger a los periodistas en Guanajuato, destacando la urgente necesidad de adoptar medidas más estrictas para garantizar su seguridad, así como el derecho de la sociedad a recibir información libre y sin amenazas.