Diputadas y diputados del PAN, PRD y la legisladora Luz Itzel Mendo González analizaron una iniciativa para adecuar el marco jurídico estatal a las recientes reformas constitucionales en materia de extorsión
Guanajuato.- Durante el análisis de una iniciativa relacionada con la extorsión, diputadas y diputados del PAN, PRD y la legisladora Luz Itzel Mendo González destacaron la necesidad de actualizar el marco jurídico de Guanajuato para reforzar la protección de las familias, su patrimonio y su seguridad.
La diputada Marisa Ortiz señaló que la armonización de las leyes estatales con las disposiciones federales debe considerar las condiciones que enfrentan las víctimas y no limitarse únicamente a una adecuación normativa.
Explicó que la extorsión constituye una conducta que puede afectar la libertad, tranquilidad y patrimonio de las personas, al utilizar la intimidación como mecanismo para someterlas.
Ortiz recordó que una reciente reforma a la Constitución Federal incorporó la extorsión al catálogo de delitos relacionados con la prisión preventiva oficiosa y estableció la obligación de los congresos estatales de realizar los ajustes legales correspondientes.
En ese contexto, indicó que la propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) busca cumplir con dicha armonización en Guanajuato, aunque subrayó que los cambios legales deben traducirse en resultados concretos para la población.
La legisladora consideró que la actualización del marco jurídico debe estar acompañada de instituciones eficaces, investigaciones adecuadas y mecanismos de protección para las víctimas, además de garantizar que quienes incurran en este tipo de delitos enfrenten las consecuencias previstas por la ley.
Asimismo, sostuvo que el trabajo legislativo debe encontrar un equilibrio entre una respuesta firme frente a la extorsión, la atención a las víctimas y el respeto al Estado de derecho.
Ortiz afirmó que este delito no debe convertirse en una situación normalizada en Guanajuato y destacó la importancia de tomar en cuenta las aportaciones realizadas durante el análisis de la iniciativa.
El objetivo, señaló, es construir una reforma clara, sólida y constitucionalmente adecuada, que permita contar con un marco jurídico estatal actualizado y acorde con las disposiciones federales.
Finalmente, la diputada sostuvo que la ciudadanía requiere instituciones capaces de responder ante la extorsión y de garantizar que el Estado actúe dentro del marco legal para enfrentar este delito.


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