La Fiscalía de Veracruz señala a Raúl González Martínez como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la comunicadora; con el desafuero podrá enfrentar el proceso penal
Ciudad de México.- El Congreso de Veracruz aprobó el retiro del fuero constitucional del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá proceder legalmente en su contra por su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo, donde la solicitud de desafuero obtuvo la mayoría calificada requerida. Con esta determinación, el edil de Movimiento Ciudadano (MC) pierde la inmunidad procesal que le otorgaba el cargo, permitiendo que las autoridades judiciales continúen con la investigación y, en su caso, con el proceso penal correspondiente.
De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, las investigaciones apuntan a que el alcalde habría ordenado el crimen con el propósito de impedir la difusión de una fotografía en la que presuntamente aparecía una persona armada vinculada con él. Como parte de la carpeta de investigación, el Ministerio Público presentó diversos elementos de prueba, entre ellos el testimonio de un presunto integrante de un grupo delictivo.
Las autoridades precisaron que el retiro del fuero no representa una sentencia de culpabilidad, sino una medida legal que permite que el funcionario enfrente las acusaciones en igualdad de condiciones ante la justicia. Será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso.
Por su parte, Raúl González Martínez ha rechazado los señalamientos y sostiene que demostrará su inocencia a través de los mecanismos legales previstos por la ley.
El caso ha generado atención a nivel nacional debido a que involucra el asesinato de una periodista, en un contexto donde Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayor preocupación por las agresiones contra comunicadores. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han insistido en la importancia de que las investigaciones se desarrollen con transparencia, apego al debido proceso y con el objetivo de garantizar justicia para la víctima.


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