Condenan a más de mil años de prisión al responsable del fraude inmobiliario de Punto Legal en León

El fallo judicial contempla la reparación integral del daño para 107 personas afectadas, con un monto superior a los 33 millones de pesos

León, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que obtuvo una sentencia condenatoria acumulada de 1,018 años y cuatro meses de prisión contra Édgar Francisco “N”, señalado como responsable de un esquema de fraude inmobiliario que afectó a 107 personas en el municipio de León.

La resolución fue emitida tras un proceso judicial en el que el Ministerio Público acreditó que el acusado convencía a las víctimas de invertir en supuestos remates bancarios de viviendas. Sin embargo, los inmuebles ofrecidos no podían ser comercializados bajo ese esquema y el imputado carecía de los derechos legales para venderlos.

Durante la investigación, la autoridad reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron demostrar que el mecanismo de engaño se repitió en múltiples ocasiones, ocasionando pérdidas económicas a decenas de familias que buscaban adquirir una vivienda.

El caso fue resuelto mediante dos sentencias dictadas los días 26 y 30 de junio de 2026. La primera estableció una pena de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda impuso 580 años adicionales, lo que derivó en una condena acumulada de 1,018 años y cuatro meses por el delito de fraude.

Aunque el Código Penal de Guanajuato limita el tiempo efectivo que una persona puede permanecer en prisión, el aspecto más relevante del fallo es la obligación de restituir el patrimonio de las víctimas.

Como parte de la sentencia, el juez ordenó el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, además de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios, cantidades que en conjunto superan los 33 millones de pesos.

Un caso que se convirtió en referente

El fraude atribuido al despacho Punto Legal generó un amplio número de denuncias en León durante los últimos años. De acuerdo con las investigaciones, el modelo consistía en atraer compradores con la promesa de adquirir inmuebles a precios por debajo del mercado mediante presuntos remates bancarios.

Con el avance de las indagatorias, las autoridades recibieron denuncias de un número mayor de personas afectadas; sin embargo, en este proceso penal únicamente se resolvieron los 107 casos para los que fue posible reunir los elementos probatorios necesarios y llevarlos ante los tribunales.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las acciones legales correspondientes para vigilar que se cumpla la reparación del daño ordenada por el juez, con el propósito de que las víctimas reciban la compensación económica establecida en la sentencia.