La iniciativa plantea reformas a las leyes estatales para garantizar servicios de salud mental integrales, accesibles y confidenciales, además de fortalecer la prevención en escuelas y comunidades
Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), en conjunto con la Representación Parlamentaria del PRD (RPPRD), presentó una iniciativa para reformar la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
La propuesta busca establecer como obligatorios servicios de atención integral, accesible y confidencial en materia de salud mental, con el propósito de ampliar el acceso a este tipo de atención y consolidar acciones preventivas en beneficio de los sectores más vulnerables de la población.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Jesús Hernández Hernández señaló que la salud mental debe ser considerada una prioridad en las políticas públicas, por lo que planteó evolucionar de un modelo reactivo hacia uno centrado en la prevención y el bienestar de la población joven.
El legislador afirmó que fortalecer la atención psicológica también representa una oportunidad para impulsar el desarrollo personal, educativo y laboral de quienes requieren este tipo de acompañamiento, además de fomentar una mejor calidad de vida.
La iniciativa también contempla optimizar la coordinación entre las instituciones estatales para acercar los servicios de atención psicológica a espacios escolares y comunitarios, con la finalidad de facilitar el acceso de la población a estos servicios.
Asimismo, propone que las autoridades estatales y municipales diseñen e implementen estrategias enfocadas en la prevención de riesgos psicosociales, deserción escolar, conductas de riesgo y consumo de sustancias, especialmente en las zonas con mayores índices de vulnerabilidad.
Otro de los puntos establece que el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes podrá coordinar acciones con las dependencias de salud y educación para fortalecer las políticas públicas en esta materia.
Finalmente, la iniciativa incorpora la obligación de implementar mecanismos de comunicación incluyentes que garanticen el acceso efectivo a los servicios de salud mental para las personas con discapacidad.


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